Ciudad de México. Ante la reciente aprobación de la interrupción legal del embarazo antes de las 12 semanas de gestación en Sinaloa, la Iglesia Católica señaló que "el aborto no puede ser un triunfo" y festejar lo ocurrido como un avance en derechos humanos "refleja la miopía de quienes hacen propuestas semejantes y una ideología que de los derechos humanos, que dejan de ser para todo".

En su editorial, el semanario Desde la Fe dijo que entre las aristas de tomar esta decisión está que la despenalización implica que la mujer que aborta no es penalizada con cárcel.

"En este sentido, es importante tener claro que la Iglesia Católica no quiere mujeres en la cárcel. No se trata de perseguir a la mujer que aborta, y menos cuando se trata de víctimas que pueden estar siendo presionadas socialmente para recurrir a esta práctica que les lleva a perder a un hijo, quedando marcadas por el dolor para toda la vida".

Expresó que, en un segundo ángulo, las personas involucradas en un aborto, la clínica que los ofrece de manera legal o ilegal convierte la muerte de un ser humano en un gran negocio; los médicos que, al practicar un aborto, están faltando al juramento de cuidar de toda vida; los familiares -e inclusive el padre de ese nuevo ser humano- que pueden estar orillando a la mujer a deshacerse de su hijo, por comodidad, por irresponsabilidad y/o por muchas circunstancias que puedan influir en tal decisión".

Reiteró que el aborto, en cualquier momento desde la concepción, es inadmisible. "No obstante, vemos con mucha preocupación que, de concretarse en Colombia y en otros países de Latinoamérica el aborto a las 24 semanas de gestación, se estaría asesinando a un ser humano con su sistema nervioso, sus pulmones, sus músculos y su oído, desarrollados. A esa edad, lo que el bebé comienza a ganar es madurez de sus músculos y órganos, a fin de estar preparado para el momento del nacimiento".

Indicó que sólo en la Ciudad de México se han cometido 241 mil abortos en hospitales públicos -sin contar los privados– desde que en el 2007 se despenalizó. "Aunado al dolor que causa pensar en esas 241 mil personas que vieron truncada su vida, sus posibilidades, y en las miles de mujeres que perdieron a sus hijos, está el tema ético, de que esos abortos son pagados con recursos públicos; recursos que podrían haberse usado para la compra de medicamentos o tratamientos necesarios en nuestro sistema de salud".

Por ello, añadió que la despenalización no implica solamente un aspecto, y viendo los diferentes ángulos, "nos podemos dar cuenta que es una tragedia de principio a fin. La sociedad y el gobierno deberían evitar los abortos. La Iglesia, a través de laicos organizados, ha de buscar dar respuestas y acompañamiento a la mujer embarazada, pero hacen falta respuestas en sinergia con todos".