A más de medio año de lucha, las integrantes del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, comienzan a cosechar avances. Alexandra Volin-Bolok, informó a La Jornada que fue presentada la primera iniciativa para reformar la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia en materia de aquel tipo de agresión, y en abril se dará a conocer otra, para tipificarla en el Código Penal.

La violencia vicaria, explicó, es aquella que ejercen los hombres contra las mujeres utilizando a los hijos en común, a quienes separan de sus madres, y obtienen su custodia, valiéndose de argucias legales.

Un ejemplo es el caso, ventilado esta semana, de las niñas Gal y Maya, a las cuales su padre intentó llevar a Israel, objetivo que no logró.

Volin-Bolok precisó que “perfilamos esto como una enorme posibilidad y varios estados están mostrando interés”.

El 3 de marzo la diputada Claudia Hernández Sáenz (Morena) presentó un proyecto de decreto que adiciona diversas fracciones de artículos a la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia, y el próximo mes se propondrá la “tipificación en el Código Penal como secuestro parental”.

Agregó: “Tenemos plena confianza en que esta reforma va a pasar porque es necesaria; tenemos el apoyo de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México y de varios estados. Esta problemática es enorme porque los agresores son secuestradores”.

Aseveró que también han tenido contacto con diferentes fiscalías, pues son las instancias donde los “agresores presentan denuncias falsas para arrebatarnos la custodia de nuestros hijos. La intención es que esto ya no suceda más”. Precisó que si las reformas son aprobadas, “los agresores y sus abogados lo pensarán antes de actuar porque entenderán las consecuencias. Esto va a tener un efecto dominó que evitará que nos quiten a nuestros hijos”.

Señaló que también han tenido apoyo de senadoras, “para llenar este hueco legal y los agresores están aprovechando para dañar a niños, niñas, adolescentes y a nosotras”.

Volin-Bolok no ve a sus hijos desde hace casi un año, cuando su pareja los apartó con base en engaños y aprovechando la pandemia.

Un día los llevó a comer, pero no los regresó; de forma paralela, interpuso una demanda en la que acusa violencia contra sus hijos, lo cual fue una “artimaña”, expresó la afectada.

Otras integrantes de ese organismo civil tienen cinco y hasta 10 años de separación de sus hijos.