Por lo general se habla de política migratoria en singular, cuando debería hablarse en plural y distinguir claramente de qué se está hablando: emigración, inmigración, retorno, tránsito o comunidades en el exterior. Incluso podríamos añadir las políticas sobre migración interna, refugio y desplazamiento.
Si bien todas estas políticas se rigen por principios básicos, entre ellos el respeto irrestricto a los derechos humanos y el derecho constitucional al libre tránsito, en la práctica cada modalidad migratoria tiene particularidades, condiciones, requisitos y limitaciones. Un ejemplo claro de estos condicionamientos es el derecho humano a emigrar, establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se topa con el derecho de los estados nacionales receptores a determinar quién entra y quién no, o con qué condiciones y requisitos.
La política emigratoria de México se rige por la Constitución y el derecho al libre tránsito y por un reglamento que indica que se debe salir del país por determinados lugares establecidos. En la historia nacional y desde hace más de un siglo, la frontera norte, de más de 3 mil kilómetros, ha sido abierta, sin vigilancia y sin ningún control por México. Hasta la actualidad, los mexicanos que salen del país por esa línea divisoria no registran su salida, tampoco su entrada.
Si bien en la frontera se aplica una política emigratoria de laissez faire laissez passer, no pasa lo mismo con los migrantes radicados en el extranjero. México ha implementado una importante política con respecto a la comunidad mexicana radicada en Estados Unidos, con una destacada actividad consular. A lo largo de décadas los gobiernos mexicanos han sido conscientes de que 10 por ciento de su población nacida aquí, radica y trabaja en aquel país, muchas veces en condiciones precarias y difíciles, y han diseñado una importante política de apoyo y protección consular a los connacionales.
Con 50 consulados a lo largo y ancho de Estados Unidos y varias unidades móviles, se brindan múltiples servicios a la comunidad. Muchas de las actividades han sido negociadas en niveles superiores por la embajada, pero también a nivel local con los consulados y los gobiernos de estados, alcaldías, policías, sistema de justicia y diversas instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil. En este caso sí puede hablarse de una política de Estado, que se adecua a las circunstancias cambiantes y las necesidades de la población radicada en el extranjero.
En cuanto a la migración de retorno, se podría decir que en la primera parte del siglo XX hubo varios proyectos de repatriación de familias migrantes, para lo que se organizaba un retorno seguro y se les proveía de tierras en diferentes partes de la República, entre ellos en Pinotepa Nacional, El Coloso y otros centros de colonización. Pero desde mediados del siglo pasado, los migrantes resuelven el retorno con sus propios recursos y sólo en algunos casos se les ayuda con el pasaje para regresar a sus lugares de origen y se les apoya con algunos recursos o acceso a crédito. En los estados, los retornados pueden acceder a ciertos programas que los benefician, pero en la práctica los migrantes son propiamente deportados o retornados, no repatriados, lo que pudiera indicar cierto interés de los gobiernos en turno.
Se podría concluir que no hay una política de Estado sobre el retorno, pero en algunas entidades, como Michoacán y Guanajuato, hay secretarías del migrante o dependencias que se encargan de apoyar a quienes retornan y establecer lazos con la comunidad en la diáspora.
La migración de tránsito es un fenómeno añejo en México. Al ser vecinos de Estados Unidos, siempre ha sido un lugar de tránsito por donde han fluido migrantes extranjeros. A comienzos del siglo XX existían coyotes de distintas nacionalidades en Ciudad Juárez, a donde llegaban las conexiones ferroviarias. Chinos, japoneses y de otros rumbos se dirigían a esa ciudad fronteriza para intentar el cruce subrepticio con modalidades muy parecidas a las de hoy día.
La política migratoria en cuanto al tránsito depende de la intensidad de los flujos y de las presiones de Estados Unidos. Es una política reactiva que simplemente se puede calificar de contención, deportación y tránsito autorizado para salir del país, por alguna de sus fronteras, léase la del norte. Por lo general, el tránsito es fluido, dado que los detenidos no llegan a 10 por ciento del flujo estimado. No obstante, la ruta es peligrosa por el control que ejercen las mafias, delincuentes, policías y funcionarios de inmigración que extorsionan a los migrantes, entre otras fechorías.
Propiamente, México es el último país de tránsito, porque la inmensa mayoría de los migrantes quieren llegar a Estados Unidos. A nivel geopolítico, esta localización resulta complicada y comprometida, sobre todo en comparación con otros países del continente que simplemente dejan pasar a los emigrantes.
Finalmente, habría que considerar la política inmigratoria nacional. Si bien en tiempos ya remotos México trató de incentivar la llegada de inmigrantes europeos, dígase blancos, hace tiempo que tiene una política que podríamos considerar restrictiva. México propicia la llegada de turistas, pero entorpece los trámites a los posibles migrantes que optan por la residencia y la naturalización. Y en la práctica, esta política se refleja en los números: los extranjeros sólo representan 0.6 por ciento de la población total. Estadísticamente, significa nada.
Paradójicamente, somos un país de emigrantes y a la vez un país cerrado a la inmigración.
