Mexicali, BC., El ex gobernador morenista Jaime Bonilla Valdez, además de firmar un convenio por 30 años con Next Energy para la construcción de una planta fotovoltaica, contrató sin la aprobación del Congreso del estado a una segunda empresa denominada Estrategia Energía Eléctrica Comercializadora para abastecer de electricidad, por el mismo lapso, los centros de carga de las instalaciones del Poder Ejecutivo y de entidades paraestatales, informó la diputada de Morena Alejandra Ang Hernández, presidenta de la Comisión de Fiscalización de la Legislatura.
La diputada señaló que la anterior administración estatal excedió la autorización que le otorgó el Congreso local respecto al proyecto de Next Energy, al celebrar un segundo contrato plurianual con otra compañía, con obligaciones mensuales de pago, el cual fue detectado al solicitar a la Auditoría Superior del Estado (ASE) que ampliara el Programa Operativo Anual 2021 y las revisiones de Cuenta Pública 2020.
Dijo que sobre dicho convenio la ASE carece de documentación sobre los montos de pago y las obligaciones del gobierno de la entidad; sólo conoce que iniciaría este año y su duración es de tres décadas.
Ang Hernández detalló que el artículo 73, fracción 7, de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado establece que el Poder Ejecutivo debe contar con la anuencia del Legislativo para concretar este tipo de acuerdos.
Bonilla Valdez publicó en julio de 2020 en el Periódico Oficial del estado el decreto 88 para la contratación de Next Energy, que estaría encargada de construir y operar una planta solar en el Valle de Mexicali, la cual suministraría de energía eléctrica al acueducto Río Colorado-Tijuana.
Cinco meses después añadió el decreto 178, donde modificó dos artículos del 88 y anunció el convenio con Estrategia Energía Eléctrica Comercializadora.
En abril de 2021 Jaime Bonilla colocó la primera piedra del proyecto de la planta de energía solar,el cual no tiene permisos del gobierno federal para su operación, ni cuenta con avances físicos; está olvidado en un paraje de la zona desértica conocida como Laguna Salada.
Ante el “descalabro financiero” por 12 mil millones de pesos que esta obra provocaría al estado, el gobierno actual, encabezado por la morenista Marina del Pilar Ávila, denunció ante la fiscalía estatal a varios ex funcionarios que lo avalaron.
