Mexicali, BC. La gobernadora morenista, Marina del Pilar Ávila Olmeda, informó que una institución bancaria, cuyo nombre se reservó, deberá reintegrar 123 millones de pesos que fueron retenidos de las participaciones federales que corresponden al gobierno de Baja California, como parte de un fideicomiso constituido con la empresa Next Energy para la construcción de una planta fotovoltaica en el Valle de Mexicali, la cual tendría un costo de 12 mil millones de pesos, independientemente de que se concluya la obra.

Al respecto, el secretario de Hacienda estatal, Marco Moreno Mexía, explicó que Next Energy –propiedad de Eugenio Javier Maiz Domene, ex dueño del equipo de beisbol Sultanes de Monterrey– cobró una primera factura por 123 millones de pesos.

Estos recursos se descontaron al gobierno bajacaliforniano de las participaciones federales de febrero de 2022, a pesar de no haberse colocado un solo ladrillo para dichas instalaciones, a las cuales las secretarías de Energía y Medio Ambiente negaron permisos de operación.

El funcionario añadió que luego de que se presentó una demanda por lesividad en el acuerdo, el Poder Judicial de la Federación otorgó al gobierno estatal la suspensión de pago hasta que sea resuelto el fondo del asunto.

En mayo de 2020, el entonces gobernador Jaime Bonilla Valdez (2019-2021), de Morena, canceló el servicio que prestaban las compañías Sumex y Orca, para adjudicar a Central Solar BC, subsidiaria de Next Energy, un contrato para edificar en Mexicali una planta de energía solar con la capacidad de producir 2 mil 546 megavatios diarios, a fin de abastecer al acueducto Río Colorado-Tijuana y a oficinas de dependencias estatales.

El documento signado por Bonilla Valdez prevé un pago de 5 mil millones de pesos al consorcio si no se concretara la construcción y operación de la planta.

Se ocultó información del convenio

Moreno Mexía afirmó que durante el proceso de entrega-recepción del gobierno estatal se ocultó la información del convenio, además que para su aprobación se le aseguró al Congreso local que éste no generaría deuda pública, cuando en realidad sí compromete las finanzas de la entidad. “El proyecto mencionado se contrató en condiciones totalmente desventajosas para el estado; está mal estructurado en lo técnico, lo jurídico y lo financiero”, reiteró.

El pasado 4 de marzo la administración estatal dio a conocer que presentó una denuncia penal por los presuntos delitos de abuso de autoridad, coalición de servidores públicos, falsedad y peculado de 12 mil millones de pesos contra siete ex funcionarios, incluido Bonilla Valdez, quienes sin tener facultades legales autorizaron la citada planta.

Por su parte, la Secretaría de la Honestidad y Función Pública de Baja California inició en noviembre de 2021 una carpeta de investigación para efectuar un procedimiento administrativo sancionatorio contra quienes resulten involucrados.