Recorrer el tramo deforestado para la construcción del tramo 5 del Tren Maya es, por decir lo menos, desolador y frustrante. Son 12 kilómetros iniciales de selva deforestada en Playa del Carmen, municipio Solidaridad, justo atrás del Hotel Marsella, un camino de cuevas subterráneas, como buena parte del territorio peninsular. Justo ahí pobladores y activistas construyeron un enorme SOS con piedras y ramas con el fin de que el Presidente lo viera en su recorrido aéreo el fin de semana pasado.
Sin que hasta el momento el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) haya dado a conocer la ruta del nuevo trazo ni la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), si es que ya se realizó, entró la maquinaria e inició la tala de árboles en el tramo que suple al que en enero pasado se echó para atrás y que consistía en un paso elevado por la carrera federal 307, de Playa del Carmen a Tulum.
Ningún letrero informa sobre las obras del Tren Maya en sus tramos nuevos. Nada que visibilice lo que hace la maquinaria. Los pobladores se acercan y preguntan a los trabajadores, quienes responden tímidamente que es para el paso del tren. Nadie lo confirma ni lo desmiente oficialmente. Por eso, esta semana se presentaron denuncias populares ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), contra el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) o quien resulte responsable del daño ecológico en la región.
Por su parte, la Asamblea de Defensores del Territorio Maya, Múuch’ Xíinbal informó que en los tramos 1, 2 y 3, que van de Palenque, Chiapas, a Izamal, Yucatán, existen resoluciones del Poder Judicial que ordenan parar su construcción, pero el Ejecutivo federal respondió que las obras “continuarán”. La respuesta presidencial, señaló la organización que agrupa a 25 comunidades mayas, muestra “una tendencia autoritaria que viola la separación de poderes y quebranta el estado de derecho”. Y, además, advirtió, la descalificación a las comunidades indígenas que se oponen al proyecto, las pone “en riesgo”, en el contexto de vulnerabilidad en el que viven los y las defensoras en México.