Ciudad Juárez, Chih., El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, y la gobernadora panista, María Eugenia Campos Galván, encabezaron ayer un acto de disculpa pública y reconocimiento de responsabilidad internacional por parte del Estado mexicano, en relación al caso de Silvia Arce, mujer que desapareció en esta ciudad fronteriza en marzo de 1998 y cuya investigación para dar con su paradero tuvo omisiones de la entonces Procuraduría General de Justicia del estado.

El acto se efectuó en acato a una recomendación de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Coridh), en el memorial Campo Algodonero, ubicado en el cruce de las avenidas Paseo De la Victoria y Ejército Nacional de la colonia Partido Iglesias, lugar donde ocho mujeres fueron localizadas sin vida en 2000. Ahí también se develó un busto para recordar a Silvia.

“Queremos manifestar la responsabilidad del Estado mexicano en las graves violaciones a los derechos humanos contra Silvia Arce y su familia, quiero decirlo con toda claridad, vamos a ir a fondo, no somos tapaderas absolutamente de nadie, vamos a buscar la verdad, a que haya justicia y quien cometió estos delitos sea castigado”, señaló Encinas Rodríguez.

Silvia, de 29 años, trabajaba afuera del bar Pachangas, en Ciudad Juárez, donde atendía un puesto de venta de café y burritos para clientes y empleados del lugar; fue vista por última vez la madrugada del 12 de marzo de 1998, abordando un auto modelo Cavalier de color blanco, en el cual viajaban otras personas.

La señora Evangelina Arce, mamá de la joven, presentó la denuncia por su ausencia el 14 de marzo, pero policías judiciales se negaron a iniciar las pesquisas, después perdieron el expediente y la presionaron para que desistiera de la búsqueda de su hija.

“La relación que (Silvia) tenía con el papá de sus hijos era problemática, muy violenta. Todo eso, la verdad, se lo dije yo a los judiciales, pero no hicieron nada. Ellos conocían a quienes se la llevaron y los protegieron”, denunció la señora Evangelina en ese entonces.

El Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional llevaron el caso ante la Coridh y señalaron a la procuraduría de Justicia de Chihuahua por no llevar a cabo una investigación diligente porque presuntamente había policías judiciales involucrados.

El informe de fondo número 195/20 de la Corte Interamericana acreditó la violación de los derechos de Silvia Arce y de sus familiares, “en un contexto de amplia tolerancia a la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez y el estado de Chihuahua”.

Este caso ocurrió en el periodo correspondiente a las administraciones gubernamentales del panista Francisco Barrio Terrazas (1992-1998) y el priísta Patricio Martínez García (1998-2004).