El 9 de marzo 2022, un tribunal colegiado otorgó una suspensión definitiva de las obras en los tramos 1, 2 y 3 del mal llamado Tren Maya, tramos que van desde Palenque, Chiapas, a Izamal, Yucatán (fase 1). En respuesta, el gobierno federal anunció que de todos modos continuará las obras, desobedeciendo así el mandato judicial y peor aún, violando nuevamente los derechos indígenas de los pueblos afectados por estas obras.
Otro atropello por este proyecto que no es Maya y que tampoco es sólo un tren. Es un vasto proyecto de reconversión capitalista de territorios ancestrales de pueblos indios, que han sido invadidos y saqueados desde la Conquista, pero que siguen resistiendo y defendiendo sus tierras, formas de vida, naturaleza. Un proyecto para facilitar y subsidiar el avance de fábricas de cerdos, plantaciones de agricultura industrial y tóxica, turismo comercial, grandes empresas de energía y otras que expulsan a las comunidades de sus tierras, envenenan sus cenotes, contaminan sus siembras, matan sus abejas.
Denunciar y detener los impactos del tren es crucial porque conlleva impactos ambientales, deforestación, disrupción de la biodiversidad y fauna, contaminación del agua. Pero el proyecto es aún más grave en su totalidad ya que como lo llamó Grain, no se trata de un tren sino de un acaparamiento multimodal de territorios (https://bit.ly/3Kwpdg0).
La sentencia ahora emitida, confirmó una anterior que concedió un amparo presentado por la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal en enero 2021, reclamando que la Manifestación de Impacto Ambiental regional (aprobada en noviembre 2020) y las obras que ésta habilitó en esos tramos constituyen “violaciones al derecho a un medioambiente sano y a sus derechos como pueblo maya originario, entre ellos a la información y a participar en las determinaciones que pueden afectar su territorio y recursos naturales, como indica el Acuerdo de Escazú, aprobado en la actual administración” (https://bit.ly/3vYaoir).
El juzgado cuarto de distrito ordenó entonces dejar sin efectos la Manifestación de Impacto Ambiental regional (MIA-R) y detener las obras de la fase 1 del Tren Maya, basándose en la necesidad de aplicar el principio precautorio, pues “existe incertidumbre sobre el verdadero impacto del proyecto en cuestión, por lo que debe entonces inclinarse la balanza de la justicia a favor de la naturaleza, especialmente al considerar que su impacto tiene el potencial de trascender a las postreras generaciones y no sólo a quienes habitan en la zona, sino incluso a todo el mundo, en atención a la interdependencia de los sistemas ecológicos mundiales”.
Semarnat impugnó esa sentencia en abril 2021, en congruencia con la posición expresada en la MIA-R de la fase 1 del Tren Maya, que reconoce que los impactos van mucho más allá del tren, pero que “El etnocidio puede tener un giro positivo” (sic). Semarnat 2020, MIA-R Tren Maya pág. 1329.
La impugnación fue contestada ahora por el tribunal colegiado, confirmando la suspensión definitiva, que ordena que las obras sean suspendidas hasta la resolución del tema de fondo del amparo planteado por Múuch’ Xíinbal.
Las declaraciones del gobierno de que procederá con las obras pese a la orden del tribunal, son aún más graves a la luz de las organizaciones que presentaron el recurso, la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal y la organización Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos AC, han sido acosadas por el gobierno como si no fueran defensores de territorio y derechos humanos, llamándoles hasta organizaciones de “ultraderecha”.
Pese a que sus integrantes han recibido incluso amenazas de muerte, el anterior director de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, además de numerosas acusaciones falsas contra las organizaciones, expuso en público a personas que participaron en amparos contra el proyecto, poniéndolos en extrema vulnerabilidad. Múuch’ Xíinbal responsabilizó al presidente Andrés Manuel López Obrador y a Jiménez Pons por lo que pueda ocurrirles (https://bit.ly/3CCk7MP). También el Equipo Indignación, que ha acompañado a esta y otras organizaciones indígenas en la región en la defensa legal de sus derechos desde hace décadas, contestaron las falsedades, aconsejando al presidente “bajarse del helicóptero” y conocer quiénes son y la realidad donde trabajan (https://bit.ly/3KBtKOj).
El despecho del gobierno por la sentencia legal de suspensión a favor de las organizaciones indígenas, junto a los ataques y falsedades sobre éstas para justificar la violación legal y de derechos, es aun más grave en el contexto de que México ocupa el segundo lugar global de asesinato de defensores y defensoras de la tierra y que durante la presente administración han aumentado, al tiempo que 95 por ciento de éstos siguen en la impunidad, incluso el de Samir Flores Soberanes, también acosado por el gobierno. (https://bit.ly/3KEPkkW).
Es crucial apoyar a Múuch’ Xíinbal y todas los pueblos y organizaciones indígenas que pese a las amenazas han podido presentar recursos contra este y otros megaproyectos, así como condenar la actitud cínica del gobierno de ignorar hasta las sentencias legales a su favor.
* Investigadora del Grupo ETC
