En los estados y municipios del país se concentran 65 por ciento de las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la cuenta pública 2020, que suman 39 mil 565.7 millones de pesos, lo que equivale al presupuesto de las secretarías de la Defensa Nacional y de la Marina.
Como parte de la fiscalización de la cuenta pública 2020, la ASF revisó el ejercicio de los recursos públicos federales ejercidos por gobiernos locales, lo que se conoce como gasto federalizado, y que en ese año ascendió a un billón 955 mil 684 millones de pesos, que representan 32.6 por ciento del gasto neto total de la Federación, que fue de 6 millones 7 mil 719 millones de pesos.
Emilio Barriga, auditor especial del Gasto Federalizado de la ASF, presentó ayer a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados un informe en el que señaló que en 2020 el gasto federalizado se dividió en dos componentes: 43 por ciento, es decir, 843 mil 545 millones de pesos, fueron participaciones federales, que constituyen recursos que se utilizan para fines definidos por los congresos locales, y el 57 por ciento restante fue gasto federalizado programable, es decir, fondos cuyo destino está condicionado por la Federación.
Barriga indicó que el gasto federalizado representó en promedio 82.3 por ciento de las 32 entidades federativas y expuso que hay una preocupante dependencia de los gobiernos estatales y municipales de los recursos que les provee la Federación.
En Guerrero, Oaxaca, Tlaxcala, Chiapas, Hidalgo, Morelos, Michoacán, Nayarit, Tabasco, Zacatecas, Veracruz y Yucatán, los recursos federales representan más de 90 por ciento del presupuesto local, mientras en Jalisco son 87 por ciento y en Nuevo León 77 por ciento. La única excepción es la Ciudad de México, pues sólo 49 por ciento de sus recursos le son suministrados por la Federación.
Los cinco estados con mayores irregularidades observadas por la ASF en la cuenta pública 2020 son Oaxaca, con 4 mil 763 millones de pesos por aclarar; Nayarit, con3 mil 138 mdp; Michoacán, con 2 mil 634; Chihuahua, con 2 mil 417, y Guerrero, con 2 mil 351. Barriga aclaró que se trata de montos que están en una etapa de solventación en la que las instituciones auditadas pueden justificar el ejercicio de esos recursos.
En tanto, las entidades en las que las irregularidades observadas fueron menores a 100 millones de pesos son la Ciudad de México, Sinaloa, el estado de México, Tabasco, Jalisco, Yucatán, Campeche, Guanajuato, Aguascalientes y Querétaro.
