Otra presión exterior: el Parlamento Europeo emitió una resolución, por amplísima mayoría (607 votos a favor, dos en contra y 73 abstenciones), para pedir que haya protección del Estado mexicano a periodistas y defensores de derechos humanos.

El Parlamento Europeo señala que “México es desde hace mucho tiempo el lugar más peligroso y mortífero para los periodistas fuera de una zona oficial de guerra”, y ello coincide con lo que periodistas de a pie de todo el país han denunciado en diversas ocasiones, con ejemplos múltiples que incluyen no sólo muertes, sino lesiones, secuestros, amenazas, despidos y hostilidades varias a cargo de miembros de los poderes municipales y estatales, mas no especialmente del federal, al que sí reprochan la poca protección eficaz, y del dominante poder criminal expresado en cárteles, diríase que “formales”, y en grupos e individuos “comunes”.

Así como el secretario de Estado de Estados Unidos encontró tiempo para hacer un pronunciamiento de preocupación sobre los periodistas mexicanos asesinados mientras estallaba la guerra en Ucrania, el Parlamento Europeo se ha expresado con peculiar sentido de oportunidad, insólitamente interesados esos poderes respecto a lo que sucede en México.

En realidad, los diputados europeos están preocupados por lo que sucede con comunicadores cuyos nombres e historias probablemente no conozcan, pero aprovechan para extender su rechazo a “las duras y sistemáticas críticas formuladas por las más altas autoridades del gobierno mexicano contra los periodistas y su labor”, las que se usan “para denigrar e intimidar a periodistas independientes, propietarios de medios de comunicación y activistas”.

Puede dejarse de lado el concepto de “periodistas independientes”, para no entrar a dirimir si desde la mañanera se ha “denigrado e intimidado” al periodismo de a pie o al periodismo de élite y a figuras relacionadas con lo peor de este oficio, históricamente ubicables en el terreno de la corrupción. Pero, ¿“propietarios de medios de comunicación”? Ahí parece que asoma la oreja del fantasma promotor de estas descalificaciones estadunidenses y europeas.

No es ético utilizar las muertes de periodistas mexicanos de a pie para defender a segmentos corruptos del periodismo de élite ni a dueños de medios. En ello, aunque a la europea distancia tal vez no se alcance a distinguir, hay gran diferencia.

A un mes y un día de que fuerzas armadas conjuntas (Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y policía estatal) habían entrado a Aguililla, Michoacán, para poner fin a un asedio y control de casi un año por parte del cártel Jalisco Nueva Generación ( CJNG), fue asesinado el presidente de ese municipio, César Arturo Valencia Caballero (Partido Verde Ecologista de México), con seis meses en el cargo, quien había encabezado el pasado 1º de febrero una marcha por la paz.

Aguililla es una plaza emblemática para el crimen organizado. Ahí nació el capo Nemesio Oseguera, conocido como El Mencho, máximo jefe del expansivo CJNG, presuntamente el mejor armado del país. Por su geografía caliente han pasado diversas denominaciones y reformulaciones de cárteles, a veces enfrentados, a veces coaligados, e incluso el muy mal llevado experimento peñista de las autodefensas, que mezcló genuinas intenciones civiles con delincuentes infiltrados o disfrazados.

La ejecución del presidente municipal Valencia podría agregar otro elemento emblemático a su historia si resulta insuficiente y eludible la aparatosa incursión militar en la zona, que se produjo en el contexto de las presiones de Estados Unidos para que haya más acción efectiva contra los cárteles, en especial contra el jalisciense.

Y, mientras el morenista Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la directiva de San Lázaro, festejaba ayer mediante una versión de la roqueseñal (la del priísta Humberto Roque, al aprobar en 1995 un aumento al IVA) la cerrada votación que permitirá a legisladores y servidores públicos hacer propaganda en tiempo electoral (como el revocatorio), ¡hasta el próximo lunes!

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