En su afán de instalar una planta gasera en Ensenada, Baja California, la firma estadunidense Sempra Energy habría “despojado” de un predio de 193 hectáreas a su dueño original, cuyos representantes acudieron ayer a Palacio Nacional en exigencia de que el presidente Andrés Manuel López Obrador intervenga para ayudar a su cliente a recuperarlo.

En conferencia de prensa, Cinthya Rubio y José Mares, abogados de Ramón Sánchez Ritchie, titular de los terrenos, explicaron que en 2013 la compañía de infraestructura energética ocupó el predio mediante una invasión realizada “con lujo de violencia”, durante la cual la hija del dueño sufrió un derrame cerebral como producto del altercado.

De acuerdo con ambos litigantes, el decimosexto tribunal colegiado, con sede en la Ciudad de México, ordenó a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) que entregara a Sánchez Ritchie el título de propiedad de sus tierras, el cual pagó en tiempo y forma, sin que hasta la fecha se le haya devuelto.

Mares y Rubio indicaron que en 1982 su representado solicitó un proceso de enajenamiento del predio en cuestión ante la extinta Secretaría de la Reforma Agraria (hoy Sedatu), y en 1994 realizó los pagos necesarios por dicho trámite.

Según los abogados, el subsecretario de Ordenamiento Territorial de la Sedatu, David Ricardo Cervantes Peredo, emitió un acuerdo para reconocer la propiedad legal del terreno de 193 hectáreas a su dueño original. No obstante, una funcionaria de nombre Dulce María Rodríguez Cervantes, directora general de Ordenamiento de la Propiedad Rural de la misma Sedatu, ha argumentado que dicho acuerdo “no le indica que debe expedir el título de propiedad”, además de que no ha hecho caso a las indicaciones de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la dependencia para que dé seguimiento al caso.

Como informó La Jornada desde 2011, el contralor interno de Sempra Energy, Rodolfo Michelón, admitió en entrevista con medios estadunidenses que autorizó sobornos a altos funcionarios del gobierno local de Ensenada, e incluso al ex gobernador panista de Baja California Eugenio Elorduy, para permitir el desalojo de Sánchez Ritchie.