La Secretaría de Educación en Michoacán, por instrucciones del gobierno federal, convocó a varias asambleas regionales, que culminarían el 7 de marzo en una asamblea estatal, cuyo propósito fue el análisis y la consulta sobre el nuevo Plan y Programas de Estudio 2022. Esto se da en un contexto, por demás crítico, en que la fase regional se desarrollaba mientras los maestros de la CNTE fueron reprimidos a las puertas de palacio de gobierno y mantuvieron un plantón estatal de una semana en el corazón político de la capital del estado.
El origen de las protestas magisteriales, donde el proceso de análisis de la propuesta curricular hace de cortina de humo para soslayar los problemas de fondo en el sector educativo: es la cancelación, entre la administración del gobernador Silvano Aureoles y lo que va de Alfredo Ramírez, de 4 mil plazas docentes estatales que no se renuevan en contratos de nuevo ingreso ni para incremento de horas de profesores en secundaria o para ascensos a funciones directivas de ningún tipo, afectando a 28 mil trabajadores estatales de la educación, que tampoco pueden mejorar su condición salarial en el programa federal de promoción horizontal y que pierden su derecho a los servicios de salud al jubilarse, con el argumento de la falta de recursos, producto del desfalco financiero del anterior gobierno.
A esa cortina de humo se sumó toda una estrategia comunicativa de estado para denigrar las protestas docentes; en la cual, el gobernador Alfredo Ramírez; su secretaria de Educación, Yarabí Ávila, priísta hasta unos días antes de integrarse a su equipo de transición, simpatizante de la organización de ultraderecha Provida; y, su secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, ex dirigente estatal del PRD que llevó al triunfo a Silvano Aureoles en 2015, montaron una campaña de acusaciones directas a la CNTE, de representar intereses particulares de ex funcionarios del gobierno anterior y otras de forma indirecta, por venta de plazas; esto último de una irresponsabilidad sin límites, cuya política de abrazos a la delincuencia y toletazos al magisterio, criminaliza a la coordinadora y deja impunes a los grupos delictivos que operan en la Secretaría de Educación en el estado.
La consulta es parte de la incongruencia política y pedagógica que caracteriza a los gobiernos estatal y federal. Con la mano izquierda entregan un documento rector de análisis de contenido crítico; y, con la derecha asfixian los proyectos alternativos de educación popular, que durante 20 años han hecho en el territorio situado, lo que discursivamente dicen que harán en la Nueva Escuela Mexicana: educación para el desarrollo comunitario y para la formación holística del ser humano.
Para muestra, más de 500 alfabetizadores y educadores populares de los programas de la sección 18 de la CNTE tienen un año y cuatro meses trabajando sin cobrar en las comunidades indígenas, rurales y zonas urbano-marginales; en tanto están aniquilando el proyecto de horario ampliado de las Escuelas Integrales de Educación Básica, con una historia de dos décadas contrarrestando el modelo de organización empresarial, a la vez que anuncian el rescate, con recursos estatales, de 833 Escuelas de Tiempo Completo, impulsadas en el gobierno de Felipe Calderón.
Esta consulta, convocada a puerta cerrada, carece de legitimidad y transparencia, pues encubrió los puntos de reunión de algunas asambleas regionales y de la asamblea estatal. Al realizar invitaciones selectivas, sólo a los cuerpos directivos, jefes de enseñanza, asesores técnicos pedagógicos y grupos afines al gobierno, la autoridad educativa evadió el verdadero debate, al pretender realizar un análisis sin interlocutores críticos. Es un error obviar la presencia histórica de la CNTE en Michoacán, a sabiendas de que la disidencia magisterial ha sido capaz de elaborar libros de texto alternativos y cartillas pedagógicas propias, con temáticas que hicieron frente a la realidad y a los vacíos curriculares oficiales durante la pandemia: véase la plataforma digital interactiva y el trabajo documental de investigadores de la UNAM (https://bit.ly/3IV3pKK).
Proponer un proyecto curricular de formación alejado del modelo estandarizado de las competencias, pero, sin plantear la reforma que le da sustento en el artículo 3 de la Constitución a la educación de excelencia empresarial, se parece más a una estrategia de enganchamiento pedagógico para replicar y legitimar, de nueva cuenta, la educación neoliberal. Recordemos aquella propuesta de reforma constitucional de educación para el “bienestar” que la Cuarta Transformación presentó en 2018; pero que terminó siendo el marco normativo de la formación para la excelencia, la escuela gerencial y la medición de los aprendizajes como teleología del sistema educativo.
El sustento teórico e ideológico de la propuesta curricular del gobierno federal es totalmente inconsistente con su política antilaboral y antisindical para la desprofesionalización y despedagogización del magisterio; por un lado dice a los docentes: ya no van a enseñar en el modelo competitivo de aprendizaje, de formación de capital humano; por otro, los somete a un sistema de competencia meritocrática, de individualización de la relación sindical y desmantelamiento de sus derechos laborales y profesionales, donde el Sistema de Carrera para las Maestras y los Maestros (Sicamm) reproduce el Servicio Profesional Docente de Aurelio Nuño y Enrique Peña Nieto.
