Ya plenamente adentrados en la segunda mitad del camino del gobierno de López Obrador y en la víspera de un proceso de revocación de mandato con tintes de ratificación, la autodenominada Cuarta Transformación (4T) debate su eficacia como proyecto político, en medio de un entorno en que confluyen la pervivencia de las estructuras patriarcales y la crispación social, con nuevas y muy perturbadoras expresiones de violencia exacerbada en entornos de macrocriminalidad. Dicho clima sólo ha intensificado el aura de claroscuros que ha acompañado la marcha del proyecto de la 4T, polivalente y de grandes narrativas, que se ha revelado como difícil objeto de análisis y deliberación en la opinión pública.
En este contexto, académicos de la Universidad Iberoamericana Puebla recién presentaron el cuaderno de investigación titulado La 4T bajo la lupa, con el objetivo de deshebrar, desde distintas perspectivas y agendas, el desempeño del gobierno de la autodenominada Cuarta Transformación alrededor de las principales problemáticas que desde hace décadas arrastra nuestro país, especialmente en derechos humanos y democracia. El conjunto de nuevas narrativas, reformas legislativas y políticas públicas impulsadas por la 4T son analizadas en este documento desde una clave estrictamente académica que procura tomar distancia de las mediaciones ideológicas, con el propósito de problematizar si, con la 4T, estamos frente a un proceso de cambio de régimen o ante una simple alternancia política.
Uno de los temas centrales de este análisis son las políticas de seguridad y su eventual traducción en una efectiva pacificación del país. Respecto de ello, el documento da cuenta de la acentuación de un proceso de militarización, ciertamente iniciado antes del actual gobierno, pero al que éste ha contribuido de manera sustancial mediante la cesión a las fuerzas armadas de cada vez más funciones civiles, ignorando no sólo el historial de violaciones a derechos humanos que pesa sobre la milicia, sino también el discurso de abierta crítica y rechazo a la militarización de la seguridad pública que el propio Andrés Manuel López Obrador dirigió a gobiernos anteriores cuando fungió como uno de sus principales opositores, y que le llevó en campaña a formular la promesa de regresar el Ejército a los cuarteles. Hoy, transcurridos tres años de gobierno, no podemos hablar de un cambio de régimen cuando se presentan casi dos quejas al día ante la CNDH contra las fuerzas armadas, y cuando la violencia alcanza cifras récord para un trienio: 105 mil 804 víctimas de homicidio entre diciembre de 2018 y noviembre de 2021.
El cambio de régimen se juega también alrededor de la deuda histórica de atención y resolución de las demandas del movimiento feminista. En el marco de las recientes manifestaciones multitudinarias por el 8M, las mujeres han persistido en evidenciar la indiferencia de la 4T ante el recrudecimiento de la violencia patriarcal que produjo al menos mil 4 feminicidios en 2021, la cifra más alta desde que se tiene registro. En sentido contrario al esperado, la gestión de la presente administración ha minimizado la violencia de género; todo indica que ha optado por actuar desde una lógica transaccional donde en el plano discursivo se reconocen los derechos de las mujeres, pero en la realidad prevalece la impunidad frente a la violencia de género.
Otro tema especial es la libertad de expresión, entendida como condición consustancial al ethos democrático y su calidad. Sólo en lo que va de 2022 han sido asesinados siete periodistas; suman 32 en el sexenio. Estas cifras prefiguran al actual periodo como el más peligroso para ejercer el periodismo, pues comparativamente las actuales cifras están ya muy por encima de las arrojadas por las tres administraciones anteriores. Simultáneamente, la mañanera ha terminado configurándose como un espacio de disputa por “la verdad”, desde el que un día sí y otro también se enderezan duras expresiones reactivas contra periodistas y medios de comunicación. A la luz de las evidencias, lo cierto es que el gobierno federal no ha modificado las pautas de relación entre el Estado y los medios de comunicación, pues luego de tres años pareciera que la fórmula “plata o plomo” sigue privando en el entorno de la libertad de expresión.
Un último tema transversal que analizan los académicos de la Ibero Puebla es la dimensión económica. Al respecto, con justicia se reconoce la estabilidad de los indicadores macroeconómicos, especialmente si se tiene en cuenta el contexto de crisis pandémica todavía vigente; más allá de ello, frente a un gobierno que se autoasignó la tarea de una transformación histórica de la vida nacional, la pregunta fundamental que hay que responder es si se han impulsado eficazmente nuevos modelos de generación de condiciones de vida para toda la población que superen las perspectivas “desarrollistas” de antes y que modifiquen prioritariamente la pauta de relación entre el Estado y las comunidades indígenas y campesinas. Con tal estándar de ponderación, se advierte que durante la primera mitad del actual sexenio, se ha dado mayor continuidad a las medidas desarrollistas y a los proyectos extractivistas y de comercialización de los bienes comunes.
Este paso analítico de la retórica a los resultados que recoge el cuaderno de la Ibero Puebla muestra ejemplos fehacientes de la supervivencia de viejas prácticas y estrategias de gobierno que, no obstante, se proclaman erradicadas. Lo cierto es que, sin condiciones efectivas de pacificación en México mediante la reconstrucción de tejidos sociales, sin un contexto en que pueda ejercerse cabalmente la libertad de expresión, sin procesos reales de igualdad sustantiva que atraviesen las estructuras de los poderes público y privado, así como el entramado de la educación y la cultura; y sin modelos de desarrollo que estén arraigados en los derechos de los pueblos y las comunidades indígenas y campesinas, difícilmente podemos decir que estamos ante un cambio de régimen histórico, sino sólo de una alternancia política en la que se han modificado las narrativas y ciertos énfasis de gobierno, pero no realmente las políticas y estrategias de gobierno ni, mucho menos, las estructuras del poder público.
