En la reunión que sostuvo con integrantes de la mesa directiva del Senado, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Albares, demandó certeza jurídica para los ciudadanos y empresas de su país que operan en México, así como para el bloque continental del que su país forma parte; adicionalmente, externó su preocupación por la posible retroactividad de la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Durante el encuentro encabezado por la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, el canciller español también señaló la importancia de que “toda la legislación que salga de aquí sea compatible” con el Acuerdo de Libre Comercio con la Unión Europea, “igual que con los acuerdos internacionales que ha firmado México anteriormente”. De acuerdo con legisladores presentes en la sesión, el ministro Albares señaló que las empresas eléctricas que llegaron a México lo hicieron “de buena fe” y afirmó la disposición de su gobierno a “discutir las diferencias” en torno a la reforma mencionada.

El canciller español se equivoca en sus expresiones. En primer lugar, falta a la verdad al defender la “buena fe” de las compañías ibéricas: tan turbia fue la operación de éstas en nuestro país que después reclutaron a ex gobernantes y ex funcionarios mexicanos que les abrieron el mercado, gracias a los cuales obtuvieron negocios tan jugosos para ellas como ruinosos para el erario nacional, como es el caso de Felipe Calderón. Por otra parte, como se ha documentado reiteradamente en este espacio, la llegada misma de dichas empresas a México fue posible a expensas del desmantelamiento de la industria y la capacidad de generación nacionales, las cuales fueron saboteadas para abrir espacios de operación y rentabilidad a sus competidoras privadas.

Por otro lado, está claro que México no tiene nada que discutir con España respecto al proceso de deliberación y aprobación de sus leyes, y Madrid no tiene voz ni voto en el trámite de la reforma eléctrica o de cualquier otra normativa mexicana, el cual es una facultad soberana que no debe consultarse con actores externos. En este entendido, la eventual 16 Reunión Interparlamentaria España-México, cuya convocatoria urgió el canciller, puede ser un espacio para el diálogo y los intercambios de experiencias entre legisladores de uno y otro lado del Atlántico, pero en ningún caso puede aspirarse a convertirla en un foro de cabildeo en favor de las multinacionales españolas. Es oportuno recordar que tales empresas desdeñaron el espacio de expresión que se les ofreció en el parlamento abierto en el que se analizó la propuesta de reforma eléctrica.

En la pretensión de que México someta su legislación a discusiones con Madrid queda exhibida una naturalidad casi procaz de las posturas injerencistas y de la mentalidad colonial que hasta hoy aquejan a buena parte de la clase política hispana y occidental. Por ello, se hace imperativo recordar que, si para España sería impensable consultar sus políticas internas con México, lo contrario está igualmente fuera de lugar, y que lo que el Legislativo mexicano determine de manera libre y soberana no será consecuencia, sino punto de partida para cualquier diálogo con gobiernos extranjeros a propósito del sector eléctrico nacional.