El encarecimiento mundial de los precios de los alimentos, la tendencia persistente al aumento en las importaciones alimentarias, el cambio climático, así como el alza de los energéticos y los fertilizantes a causa de la guerra en Ucrania, son hechos que no deben pasarse por alto en el debate actual sobre la necesaria reforma energética para México.
La producción de alimentos requiere enormes volúmenes de energía: combustible para tractores e implementos agrícolas; combustible o electricidad para extracción, conducción y riego agrícola; combustible para transporte; aplicación de fertilizantes; electricidad para sistemas de enfriamiento, refrigeración y atmósfera controlada de productos, por decir sólo unos cuantos.
Desde 2002 las movilizaciones de organizaciones campesinas, con motivo de las importaciones agropecuarias y la apertura del TLCAN lograron que se aprobara en la Cámara de Diputados la Ley de Energía para el Campo. También se logró el subsidio al “diésel agropecuario” y a las tarifas para riego agrícola.
Sin embargo, los productores se quejan de que la Ley de Energía en buena parte ha sido letra muerta, que la SHCP no hace las provisiones presupuestales anuales correspondientes, que el diésel agropecuario depende de las veleidades del gobierno y que, pese al subsidio del PEUA, las tarifas eléctricas para riego siguen aumentando y que, operaciones importantes en la cadena de valor alimentaria, como los sistemas de refrigeración, pagan tarifas muy altas.
Por otro lado, hay aún cientos de comunidades rurales, sobre todo indígenas de las zonas montañosas, a las que no se les cubre su derecho a la energía por los altos costos que representa el tendido de líneas de electricidad a regiones abruptas y poblados dispersos.
Ciertamente el país requiere una reforma energética que devuelva la rectoría al Estado en la materia y a la nación de recursos estratégicos como el litio, a la vez que la CFE maneje la mayor parte de la generación eléctrica y la propiedad de las líneas de transmisión y se impulsen energías limpias. Pero hay que ir más allá, pues para favorecer a quienes viven y trabajan en el campo es muy necesario que dicha reforma incorpore temas trascendentes como:
Energía para la soberanía alimentaria: a fin de que el país vaya terminando con la dependencia en los alimentos estratégicos, es importante que se contemplen subsidios en los energéticos que hagan rentable la producción de dichos alimentos. Habría que ubicar muy bien esos sistema-producto y en qué proporción y volúmenes se pueden determinar los subsidios.
Energía para riego agrícola: de los 6 millones y medio de hectáreas de riego que hay en el país, un millón 750 mil (27 por ciento) se riegan con agua de pozo profundo, que en su inmensa mayoría emplean electricidad para bombeo y conducción del agua (bit.ly/3IRvN0s). A pesar de los enormes subsidios gubernamentales a través del PEUA, las tarifas eléctricas para los bombeos agrícolas se están comiendo sobre todo a los agricultores del norte del país. Aquí no se trata simplemente de mantener o reducir las tarifas, pues se corre el peligro de que, a más bajas tarifas, mayor sobrexplotación de acuíferos. En primer lugar, hay que cancelar los pozos ilegales que, además de extraer agua ilícitamente, son subsidiados también ilegalmente en la tarifa eléctrica Hay que establecer un sistema combinado que incentive la menor extracción de agua con mejores tarifas y desincentive la mayor extracción con tarifas no subsidiadas. Urge también que se establezcan penas severas a quienes conecten los pozos ilegales o irregulares, que se cuentan por millares, a la red de energía eléctrica.
Energía para agroindustria: es necesario reclasificar y subsidiar las tarifas eléctricas para los procesos de conservación y transformación primaria de productos agropecuarios. Por ejemplo, para el sistema de enfriamiento de la leche que los productores entregan al programa social de Liconsa, o para la refrigeración de cárnicos y algunas frutas y legumbres de primera necesidad. Esto le permitiría mejor margen de utilidad al productor y menor precio al consumidor
Generación comunitaria de energía solar para uso domiciliario y para venta: hay muchas comunidades indígenas y ejidos en las zonas áridas y semiáridas del país que no están aprovechando una de sus grandes riquezas: las horas de insolación que reciben. Apoyarlos para que establezcan granjas solares para que abastezcan sus domicilios, se auxilien en sus tareas productivas, vendan energía al sistema general y obtengan ingresos adicionales les ayudaría a superar las condiciones de pobreza. Es totalmente diferente que la CFE se comprometa a adquirir la electricidad generada por Iberdrola, cuyas ganancias se extraen del país, a adquirirla de las comunidades rurales más pobres. Círculos virtuosos como este se podrían ir generalizando.
Estos son sólo algunos asuntos pendientes de la reforma energética relativos al campo, la agricultura y la soberanía alimentaria. Para abundar en ellos y otros más, hay que dar la palabra a los actores rurales.
