León, Gto. La Contraloría debe inhabilitar para ocupar cargos públicos al ex alcalde de León (2018-2021), Héctor López Santillana; al presidente del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (SAPAL), Jorge Ramírez Hernández; y al director del organismo, Enrique de Haro Maldonado, por su responsabilidad en el accidente donde cinco trabajadores murieron intoxicados en la planta de tratamiento de aguas residuales, exigieron las familias de las víctimas.

Derivado de las recomendaciones emitidas por la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Prodheg), la Contraloría realiza una investigación para deslindar responsabilidades administrativas contra los servidores públicos responsables del fatal accidente, ocurrido el 13 de noviembre del 2020.

“Se deben deslindar responsabilidades por operar la planta sin contar con las condiciones de seguridad”, señaló el abogado de las familias, Juan de Dios Hernández Araiza.

Las malas decisiones y las omisiones del ex alcalde y de los directivos de SAPAL derivaron en la muerte de Víctor Ricardo Briseño Rangel, Juan Antonio Méndez Rivera, Omar Ignacio Martínez Flores, José Salvador Afanador Martínez y de Alberto de Jesús Silva Zúñiga, consideraron las familias y el abogado.

Víctor Briseño, papá de Ricardo Briseño Rangel, recordó que en una reunión que sostuvieron diputados con Héctor López Santilla -actual director del Puerto Interior-, el alcalde fue alertado que no era conveniente que tomaran el control de la planta de tratamiento, operada por Ecosys III, porque estaba hecha chatarra.

“Le dijeron a Santillana que la planta estaba chatarrizada, que no era conveniente que la agarrara, él dijo que no, que se la iba a jugar” y “si es mucha su responsabilidad, se lo advirtieron”, señaló el papá de Briseño Rangel.

El abogado, Gustavo Lozano Guerrero, recordó que, en agosto del 2020, la agrupación Acción Colectiva SocioAmbiental denunció que había un “desastre ambiental” porque la planta de tratamiento no servía.

La empresa ECOSYS III, que operaba la planta, emitió un comunicado donde denunció que había daños en la infraestructura porque los curtidores descargaban desecho con altos niveles de contaminantes, esto con la anuencia de SAPAL, remontó.

El organismo no renovó la concesión a ECOSYS III y el 22 de septiembre tomó por la fuerza la planta de tratamiento. El SAPAL envió a trabajadores de plantas biológicas a operar una planta de procesos químicos, rememoró.

Los empleados no tenían experiencia, no fueron capacitados y no tenían equipo de seguridad, situación que fue comprobada por Derechos Humanos.

Las familias destacaron la voluntad política de la alcaldesa, Alejandra Gutiérrez Campos; y del secretario del Ayuntamiento, Jorge Jiménez Lona, para pagar las indemnizaciones y llegar acuerdos a favor de las familias y de los empleados operativos de SAPAL.

Como parte de los acuerdos, firmados en el Centro de Justicia Alternativa, está el pago de la indemnización, apoyo sicológico, una beca para el hijo Alberto Zúñiga, reformar el reglamento de SAPAL para integrar a representantes de los usuarios al Consejo y endurecer los límites permitidos de contaminantes.

Se pactó una disculpa pública por las decisiones del SAPAL que concluyeron con la muerte de los trabajadores, pero en el homenaje que se rindió – en la presidencia municipal- no se ofreció la disculpa, lamentaron.

“De manera importante se pactaron medidas de no repetición, no puede haber justicia sin medidas de no repetición para garantizar que la muerte de sus familiares no fue en vano, que no volverá a ocurrirle a nadie más”, resaltó el abogado, Gustavo Lozano.

Las medidas de no repetición son: capacitación para los empleados del módulo de desbaste, entrega de equipo de seguridad, ordenar el proceso productivo de los curtidores, la aplicación efectiva del reglamento de SAPAL y reformas al ordenamiento para reducir los límites permisibles de contaminantes, enumeró.