Los distribuidores de gas licuado de petróleo (LP) expresaron su “preocupación” por la grave inseguridad que persiste en ese sector, pues consideró que los más afectados son las familias que consumen el energético.

En un comunicado conjunto de todos los organismos que agrupan a distribuidores, el ramo manifestó que el combustible doméstico “se ha convertido en un producto muy codiciado para la delincuencia organizada, por su precio y amplio mercado”.

Aunque no ofrecieron datos sobre la problemática, reiteraron que la delincuencia roba el energético de los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) para distribuirlo de manera ilícita, mediante equipos y procedimientos que ponen en grave riesgo a los consumidores y a sus familias.

Comentaron que quienes se dedican al hurto del energético no tienen conocimiento sobre su manejo, lo cual incrementa la posibilidad de accidentes fatales y pérdida de vidas.

Comentaron que utilizan equipos de reparto que no cumplen con las normas de seguridad, no están registrados ante la Comisión Reguladora de Energía (CRE), no tienen seguros de responsabilidad civil para responder ante accidentes.

Las asociaciones de Distribuidores de Gas LP (ADG), Mexicana de Distribuidores de Gas, Adigas y Cámara Regional del Gas, denunciaron que los delincuentes utilizan autotanques, camionetas de recipientes portátiles, cilindros y transportes que tienen reporte de robo por parte de las empresas distribuidoras del mercado formal.

También, dijeron, utilizan equipos de reparto hechizos que no reúnen las normas de seguridad en su fabricación.

Apuntaron que “en los grandes centros de consumo, es frecuente el control territorial de grupos de choque y la imposición de condiciones de venta abusivas, que afectan a la población e impactan su economía”.

“La presencia de grupos delincuenciales en barrios y colonias incrementa la existencia de acciones ilícitas, ampliando el número de delitos y perjudicando a la población”, agregaron.

El sector de distribuidores señaló que grupos de choque que amenazan y extorsionan a comercios establecidos, obligándolos a comprar el gas ilícito, mientras que los trabajadores del sector formal sufren de violencia y agresiones con mayor frecuencia.

“El clima de inseguridad, incertidumbre y de falta de respeto a la ley, crea en todos los niveles de la sociedad angustia e impotencia”, anotaron.

Los distribuidores reiteraron su interés en coadyuvar con las autoridades para solucionar el problema, pues es “urgente tomar medidas que salvaguarden el bienestar de la población y apoyen a los trabajadores y a la Industria formal de gas LP”, la cual atiende a casi 100 millones de consumidores.