El presidente López Obrador decidió cerrar filas con el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, a quien se le han acumulado señalamientos adversos, entre ellos la reciente filtración de conversaciones telefónicas que de ser ciertas le descalificarían personal, profesional e institucionalmente.

Es natural que el Presidente defienda al fiscal. Es una pieza temporalmente propia, colocada ahí para simular autonomía en la procuración de justicia, aunque en los hechos, utilizando la mayoría legislativa 4T, fue escogido y designado por AMLO para ser el último titular de la Procuraduría General de la República, en transición hacia la primera fiscalía “autónoma”.

Llama la atención la esforzada elaboración retórica con que ayer en la mañanera López Obrador pretendió apoyar a Gertz: “Yo entiendo la situación personal, moral, humana del fiscal, porque se trata de un asunto vinculado pues con su hermano; lo entiendo, entonces él quiere que se haga justicia. La otra parte está defendiendo su versión de los hechos”.

Ese alegato presidencial opera en sentido contrario al deseado. Con esas palabras, López Obrador confirma que el actuar del fiscal federal tiene motivaciones personales, “humanas”. Si tal fuera el caso, Gertz debería de abstenerse de caer en un conflicto de intereses, al utilizar las coercitivas vías a su cargo para presionar y castigar a sus ex familiares políticos.

López Obrador buscó ayer brindarle a Gertz un blindaje cuyo calibre habrá de conocerse en pocos días: de alto nivel, para librarlo de una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el proceso que sostiene contra miembros de la que fue su familia política, a causa de su hermano ya fallecido, o de bajo nivel, sólo declarativo, si la Corte concede amparo a esos ex familiares políticos o decide que dos mujeres encarceladas sigan su proceso en su domicilio.

Gertz, en realidad, no tiene historial administrativo, formación política ni práctica profesional que coincidan con los postulados de la llamada Cuarta Transformación. Entra en la cuenta de los pasivos, del déficit. Su desempeño como fiscal ha sido de una lentitud sospechosa en cuanto al combate a la corrupción ( TortuGertz, lo motejó algún columnista ocurrente), a tal grado que varios casos importantes, como el de Emilio Lozoya y Odebrecht, con sus implicaciones hacia Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray, han quedado en un tragicómico fracaso.

En cambio, Gertz ha sido raudo y eficaz en sus logros personales: fue habilitado en el máximo nivel como miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Conacyt, ha visto avanzar sus intereses en el litigio de la Universidad de las Américas Puebla (con el apoyo de los ex perredistas Miguel Barbosa, ahora gobernador, y Armando Ríos Piter, efímero rector impuesto) y, sobre todo, ha retorcido “legalmente” cuanto ha podido para mantener en la cárcel a Alejandra Cuevas Morán y Laura Morán Servín, cuyos familiares atribuyen tal prisión a una venganza de Gertz y a una presión extrema para impedir que se difundan datos de presuntos depósitos de dinero en cuentas secretas.

Las presuntas llamadas telefónicas recién difundidas golpean, además, a la Corte y al Poder Judicial Federal en general, a tal grado que ayer se emitió un comunicado en el que los juzgadores, luego de un debate en privado de hora y media, aseguran que su “único compromiso es con la Constitución y los derechos humanos”, sin hacer explícita esos ministros la razón que les llevó a hacer esa proclama de principios que no sería necesario reiterar más que ante alguna amenaza importante.

En una semana, la Corte habrá de resolver sobre un proyecto de sentencia que decidirá la suerte judicial inmediata de las hoy encarceladas Cuevas Morán y Morán Servín. Eso impactará también la valoración del fiscal general de la República, del ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, y de sus congéneres. ¡Hasta mañana!

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