Abrumadas porque en la desaparición de personas en Nayarit estuvieron coludidos el gobierno y la fiscalía estatal con el crimen organizado, las madres que tratan de localizar a sus hijos enfrentan requisitos insólitos por parte de los juzgados para resolver sus demandas de los llamados amparos buscadores.
A fin de dar cauce a la petición, la jueza segunda de distrito, Laura Sandoval, pidió a Martha Estela González que su hijo Jonatan Peña (desaparecido desde mayo de 2011) acudiera a ratificar la demanda, con el apercibimiento de que si en un año no va se desechará la petición.
La involuntaria ironía de los jueces, que se ha repetido en al menos dos juzgados de Nayarit ante seis casos similares, motivó la reciente presentación de una queja para que el Consejo de la Judicatura investigue la conducta como respuesta a la búsqueda de justicia.
Virginia Garay, quien reprueba las actitudes de los jueces ante la promoción de amparos buscadores (una figura legal que permite a los jueces ordenar a autoridades administrativas medidas para localizar personas desaparecidas) dijo que la pretensión de promover un amparo buscador para encontrar a su hijo, Bryan Eduardo Arias, desaparecido en febrero de 2018, recibió una respuesta idéntica, “es ilógico y absurdo que pretendan que vengan nuestros hijos desaparecidos a ratificar la demanda”.
Aunque numéricamente Nayarit no es de las entidades con mayor número de desaparecidos (oficialmente se reportan mil 414), entre 2011 y 2017 se identificó un patrón en el que se confirmaron vínculos entre el crimen organizado y la administración del gobernador Roberto Sandoval y el fiscal Édgar Vieytia (detenido en Estados Unidos por su vínculo con el narcotráfico), por lo que colocan a la entidad como uno de los casos más graves.
Durante la visita del Comité de Desaparición Forzada de la Organización de Naciones Unidas en 2021, Nayarit fue presentado formalmente como un macrocaso. La Secretaría de Gobernación advirtió en noviembre en sus conclusiones “la participación de las autoridades ministeriales en la entidad es la que posibilita la actualización del delito de desaparición forzada y al mismo tiempo da la pauta para afirmar la coptación del Estado por organizaciones criminales.
“En conclusión, desde este trabajo se sostiene: 1) la existencia de una estructura criminal de carácter estatal que, entre otros delitos y violaciones a derechos humanos, desapareció y ejecutó personas, la posibilidad de que al menos una parte de esa estructura siga operando, lo que fundamenta, en las cifras (desaparición sostenida y/o en aumento)”.
Garay –quien preside el colectivo Guerreras en búsqueda de nuestros tesoros– no desvincula estas respuestas con la complicidad en la época de Sandoval, pues mucho personal que trabajó entonces sigue en la Fiscalía. “Hemos hecho muchas cosas para localizar a nuestros hijos, pero es frustrante y doloroso recibir este tipo de respuestas”.
Ella integró el consejo consultivo de la Comisión Nacional de Búsqueda: “Ya no sabemos a quién más acudir”. Se han buscado respuestas en los jueces y en la Fiscalía del estado. Aunque ya contamos con acciones urgentes que se han decretado, pero no quieren hacer nada”.
