Desplazados de nueve estados, entre ellos los de Guerrero, Chihuahua, Sinaloa, Sonora, Chiapas y Michoacán, exigieron en el Senado aprobar la minuta de Ley de Desplazamiento Forzado Interno, que tiene dos años congelada.
Nestora Salgado, de Morena y quien recibió a los afectados, informó que las comisiones dictaminadoras los escucharán en mesas de trabajo antes de la discusión.
Los afectados pidieron tipificar como delito el desplazamiento forzado y denunciaron que el crimen organizado los expulsa de sus comunidades para quedarse con sus tierras y recursos naturales.
Una treintena de quejosos, acompañados por la directora del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, de Guerrero, Teodomira Rosales, solicitaron que las comisiones que dictaminarán la minuta integren al diálogo a las víctimas.
Urgieron a los legisladores a que se discuta ya dicha ley y que en la nueva se señale “la responsabilidad de los gobiernos federal y de los estados para darles seguridad y garantías”.
Rosales manifestó que “es urgente que se avance en la aprobación de la ley, pero que tomen en cuenta las propuestas de los propios desplazados, que ellos expongan lo que requieren y necesitan, ya que vivieron en carne propia este problema. Aquí están personas desplazadas de sus comunidades, de nueve estados del país que tuvieron que salir por amenazas del crimen organizado”.
La activista agregó: “Esperamos que este mensaje llegue a todos los rincones del país, a las montañas, a la sierra, a los bosques, municipios, colonias, ciudades donde hay desplazados que tienen miedo de denunciar sus casos porque están amenazados por los criminales que les quitan el agua, las parcelas y hectáreas por su riqueza en recursos naturales”.
Insistió que hay miles de desplazados en el país, “pero tienen miedo de hablar porque están amenazados por los criminales. Ojalá escuchen este mensaje para que hagan visible este problema y asistan a los foros y que se les reconozca su derecho como víctimas”.
El representante de la comunidad Leonardo Bravo relató que en noviembre de 2018 fueron desplazados por 3 mil hombres armados.
