Moscú. El segundo intento de evacuar a la población civil de Mariupol, rodeado desde hace días por las tropas rusas, mediante seis corredores humanitarios, no pudo llevarse a cabo ayer, fracaso por el cual rusos y ucranios de nuevo se culpan mutuamente.

El ministerio ruso de Defensa emitió esta noche un comunicado que señala que “la parte ucrania no cumplió su palabra, a pesar de que se habían acordado con precisión los sitios donde un convoy de autobuses estaría esperando a la gente”. Eduard Basurin, representante de la autoproclamada República Popular de Donietsk, declaró que Ucrania violó el acuerdo de alto el fuego temporal.

Los ucranios, en contraste, sostienen que la culpa recae sobre Rusia, por cuanto “las tropas rusas comenzaron a reagruparse y bombardearon la ciudad, y en esas condiciones era muy peligroso evacuar a las personas”, de acuerdo con el jefe de la administración civil y militar de la región de Donietsk, Pavel Kirilenko.

El Consejo Urbano de Mariupol, por su parte, informó que el convoy con ayuda humanitaria que salió hoy de Zaporiyia, a 230 kilómetros, no ha podido llegar, mientras la televisión rusa mostró reportajes sobre las 30 toneladas de ayuda que los militares repartieron en la región de Jarkov, cerca de la frontera entre los dos países, en la ciudad de Volchansk y algunos poblados cercanos.

Nuevo récord de detenidos

Con un nuevo récord de personas detenidas por protestar contra la guerra concluyó este domingo en Rusia, la mayoría de ellos en Moscú y San Petersburgo, las urbes más importantes de este país: al menos 4 mil 390 que, pese a la fuerte represión con que se trata de silenciar este tipo de manifestaciones no autorizadas, no dudaron en alzar su voz por la paz.

Muchos de quienes pidieron detener el derramamiento de sangre apenas levantaban los carteles que llevan escritos o gritaban consignas pacifistas acabaron entre rejas, golpeados con violencia por las llamadas fuerzas del orden.

Hubo detenciones en por lo menos 56 ciudades y poblados, aparte de Moscú y San Petersburgo, en Yekaterimburgo, Novosibirsk, Kazan, Perm, Krasnoyarsk, Irkutsk, Kaliningrado y otras localidades, de acuerdo con los datos que pudo recabar OVD-Info, organización no gubernamental que monitorea las detenciones en Rusia, la única que, contra viento y marea, proporciona en Rusia este tipo de información.

En ese contexto, el periódico Novaya Gazeta, que dirige Dimitri Muratov, premio Nobel de la Paz, encontró la forma de que no lo clausuren las autoridades por violar la polémica ley de “censura militar” que castiga con cárcel difundir “noticias falsas” sobre el ejército ruso que, según la versión oficial, está realizando una “operación militar especial” y que no se puede denominar, en Rusia, “guerra”.

Sin pronunciar palabra, bajo el título “Moscú, San Petersburgo y otras ciudades de Rusia, 6 de enero de 2022”, publica en su página web numerosas fotografías de la brutalidad con que se llevaron a cabo las detenciones de los protestantes.

Restricciones a la libertad de expresión

Otros medios que, según sus editoriales, se niegan a no llamar las cosas por su nombre están sufriendo el acoso del Roskomnadzor, la dependencia que regula el funcionamiento de los medios de comunicación, que dispone de potentes herramientas para bloquear la difusión de noticias en Internet y clausurar a todo aquel que se salte las restricciones, por absurdas que pudieran parecer.

El bloqueo de Roskomnadzor alcanzó este domingo a Mediazona, Respublik, 7x7, Pskovskaya Gubernia, Troitsky Variant, Snob, Sobesednik, Aguentsvo, Lentachel, Kuzpress, Zvezda y otros medios tanto de Moscú como de otras ciudades, que se suman a las principales voces independientes que ya habían sido acalladas.

Sumado a las interferencias a las redes sociales, bloqueando cuentas específicas o ralentizando, cuando no impidiendo el acceso, así como la fuerte presión contra las redes virtuales privadas (VPN, por sus siglas en inglés) que se usan para eludir la censura en Internet, es cada vez más difícil acceder a fuentes de información que no sean las oficiales.

De este modo, la mayoría de rusos tienen que conformarse con un solo discurso, el del Kremlin, que a través de la televisión pública, en sus noticiarios, no se cansa de repetir que “avanza con éxito la misión liberadora del ejército ruso contra el régimen neonazi que mantiene como rehén a la población ucrania”, tesis que este mismo domingo volvió a pronunciar el presidente Vladimir Putin en una nueva conversación telefónica con su colega francés, Emmanuel Macron.

Por este motivo, trece miembros de la Comisión de derechos políticos, que forma parte del Consejo para los derechos humanos y la sociedad civil, instancia que depende directamente de la presidencia rusa, firmaron este domingo una declaración que podía leerse, parcialmente, en el blog del jefe de esa comisión, Nikolai Svanidze.

La declaración es acerca de las “duras consecuencias para ejercer los derechos humanos”, que surgieron en Rusia “después de la decisión que tomó el presidente (Vladimir Putin) el 24 de febrero (al ordenar el ingreso de las tropas en territorio ucranio)”.

El texto señala que “la libertad de expresión y otras libertades fundamentales no deben sufrir restricciones adicionales, más aún que en Rusia no se ha declarado el estado de excepción ni de guerra, y las limitaciones adicionales que ya han entrado en vigor, incluidas las enmiendas al Código Penal y el de Delitos Administrativos, deben ser revisadas”.

Según Leonid Nikitinsky, miembro de la comisión, la tardanza en hacer pública la declaración se debió a que intentaron seguir el procedimiento institucional, pero el presidente del Consejo, Vladimir Fadeyev, se negó a avalarlo. Ahora esperan ser excluidos del Consejo mediante un decreto presidencial, y si no es así tienen “toda la voluntad para seguir luchando por que se cumplan los derechos y libertades constitucionales de los ciudadanos”.