Los policías de contacto ciudadano tienen “la orden de la alcaldesa Lía Limón de que no se puede pintar una sola barda en Álvaro Obregón para que la gente participe en la consulta de revocación de mandato del próximo 10 de abril”, denunció Roberto Díaz, quien desde hace 20 años es rotulista.

Su contratación por una agencia de publicidad lo llevó a “pintar” 50 bardas en la demarcación, mismas que, aseveró, “fueron blanqueadas por órdenes de arriba, porque no quieren que haya nada del presidente Andrés Manuel López Obrador, nos dijeron policías”.

El 28 de febrero fue detenido junto con sus dos hijos y un trabajador, y presentados en el juzgado cívico AOB-1, aunque “los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana no sabían por qué artículo nos iban a remitir”.

Tras “concertar” que era por “grafitear”, salieron después de cinco horas”. Un día después fueron detenidos en la colonia Molina de Rosas por no presentar el permiso para la “pinta” a los tripulantes de la unidad AOCC42, cuando tal documento no existe, afirmó.

Luego de “esposarnos y tomarnos fotos, como si fuéramos delincuentes, nos metieron a esa unidad y la 46, y nos dijeron que no tienen nada en nuestra contra, pero hay la orden de chingarnos” y nos llevan a la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales.

Los policías “dijeron que ahí no nos querían y volvimos al juzgado cívico, donde tras ocho horas nos soltaron, no sin antes pagar una multa de 100 pesos por cada uno para no ir 36 horas a El Torito”, por lo que pidió a las autoridades capitalinas su intervención, porque “nos están cazando y afectando nuestro trabajo, del cual vivimos”.

Gabriela Jiménez Godoy, presidenta nacional de la asociación civil Que Siga la Democracia, acusó a la alcaldesa de obstaculizar y reprimir las acciones informativas y de difusión sobre la consulta que realizan, cuando la veda electoral es para partidos políticos, no para la ciudadanía organizada.

Además, presuntamente violó el artículo 35 de la Ley Federal de Revocación de Mandato, el cual permite promover la participación de la población, por lo que condenó los “actos de carácter represivo” y advirtió que de continuar “evaluarán emprender acciones legales”.