La comunidad nahua de Milpa Alta, localizada en la alcaldía homónima, Ciudad de México, está conformada por nueve pueblos que hunden su origen, por lo menos, en la etapa histórica que hizo coincidir la caída de Tula con las migraciones chichimecas de Norteamérica al centro del país, hace unos mil años. Asimismo, resulta paradigmática por diversos motivos: amén de su importancia en el horizonte mesoamericano, es la comunidad más grande de la capital bajo el régimen agrario comunal y custodia una parte considerable de los bosques que permiten la pervivencia de la ciudad más grande del mundo, a la vez que es una potencia agrícola en la producción de nopal.
Lo cierto es que su expediente agrario, junto con el de San Salvador Cuauhtenco, poblado con el que sostiene una disputa por tierras desde hace más de 200 años, ya pasa del siglo y no tiene visos de resolverse próximamente. Entre 1974 y 1980, la comunidad desarrolló una significativa defensa de sus tierras comunales y su autonomía; logró detener un ambicioso proyecto inmobiliario que el gobierno federal pretendía imponer en sus montes; frenó la concesión para la explotación forestal que el gobierno federal había otorgado, por 60 años, a la Compañía Papelera Loreto y Peña Pobre. Sorteando las políticas corporativas e indigenistas del momento, impactó, a través del Consejo Supremo Náhuatl (1975) y la fundación en su territorio de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (1979), en la formación del emergente movimiento indígena nacional y de un movimiento campesino fuera del control del Estado y de la Confederación Nacional Campesina.
El 27 de julio de 1980, Daniel Chícharo Medina Aguilar, representante comunal de Milpa Alta y cómplice de la empresa papelera, organizó, casi a escondidas, una prefabricada asamblea comunal para la elección de nuevo representante de la comunidad agraria. Ni él ni los funcionarios que lo protegían supieron medir el descontento social acumulado y ese día este personaje fue linchado. Se trata de un acontecimiento lamentable, de una dolorosa y triste lección que al parecer no ha sido bien aprendida.
En 2018 murió don Julián Flores Aguilar, representante general de bienes comunales de Milpa Alta. Después de múltiples vicisitudes y un juicio de amparo de por medio –el 1701/2018 del juzgado décimo de distrito en materia administrativa con sede en la Ciudad de México–, cuya sentencia obliga a la Procuraduría Agraria a organizar la asamblea para la elección de nuevos representantes comunales de acuerdo con un censo de comuneros de 1980, dicha asamblea se realizó bajo la égida del antropólogo Alfredo Ramírez, representante de la Procuraduría Agraria en la Ciudad de México, el 19 de diciembre del año pasado. La reunión estuvo precedida por la compra masiva de votos y en la misma asamblea votaron comuneros fallecidos hace años o que están desavecindados; hubo carruseles, ratones locos y múltiples mapacherías electorales.
Decenas de comuneros refieren que detrás de estas ilegales prácticas estarían funcionarios de la alcaldía de Milpa Alta y de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (Corenader), dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente local, quienes habrían apoyado con recursos públicos a uno u otro candidato. Pero, sobre todo, múltiples testimonios hablan de la intervención en el proceso del diputado local José Octavio Rivero Villaseñor, ex alcalde de Milpa Alta, quien, a decir de muchos, habría apoyado a uno de los candidatos y, a través de sus operadores, habría repartido tinacos para coaccionar el voto, al grado de que hoy es lugar común oír de los comuneros rotoplás.
Como era de esperar, el juez de amparo no tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el expediente 1701/2018 y ha ordenado la reposición del proceso de elección. Resulta entonces, urgente, responder las siguientes preguntas: ¿la jefa de Gobierno, la directora general de la Corenader y la alcaldesa de Milpa Alta, Judith Vanegas, permitirán que funcionarios, empleados y programas bajo su adscripción sean utilizados para violentar los derechos fundamentales de la comunidad de Milpa Alta? ¿El diputado Rivero pondrá sus intereses por encima de toda una colectividad?
¿Permitirá el procurador agrario que el antropólogo Alfredo Ramírez organice nuevamente la tan esperada asamblea comunal, con todo y que incumplió la ejecutoria de un amparo y afectó severamente la confianza y los derechos de Milpa Alta?, comunidad que nuevamente tendrá que esperar un plazo indefinido para darse una representación comunal que le otorgue certeza en la defensa legal de sus tierras comunales. El asunto no es menor, pues la caótica Ciudad de México está ligada a la suerte de Milpa Alta.
* Abogado de Ostula, integrante del Congreso Nacional Indígena
