La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió una recomendación al gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa; al presidente municipal de Santiago Juxtlahuaca, Arsenio Mejía García, así como al fiscal general de la entidad, Arturo de Jesús Peimbert Calvo, por el desplazamiento forzado interno de integrantes de la comunidad indígena triqui de Tierra Blanca, Copala.
En su investigación, la CNDH acreditó la existencia de una condición de urgencia y premura por la violencia ejercida contra estas personas desde diciembre de 2020, que los obligó a dejar su comunidad para dirigirse a poblados aledaños, comunidades del estado e incluso a la Ciudad de México, donde fueron acogidas y resguardadas en albergues, pero donde también mantienen un plantón desde hace más de un año frente al Palacio de Bellas Artes.
En su recomendación 36/2022, el organismo pidió a las autoridades estatales realizar un censo que registre la totalidad de personas desplazadas desde diciembre de 2020, diseñar y aplicar un programa de soluciones duraderas y reparación colectiva, y en un término máximo de tres meses crear un protocolo “exclusivo” que establezca los lineamientos a seguir para el retorno de las víctimas.
El Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (Multi) celebró la recomendación emitida por la CNDH, aunque consideró que “fue tardía”, ya que las víctimas de la comunidad indígena de Tierra Blanca Copala llevan más de un año en desplazamiento forzado.
En un comunicado, las familias integrantes del Multi expresaron su preocupación porque el organismo no haya incluido recomendaciones dirigidas a la Secretaría de Gobernación ni a la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, y se lo haya dirigido únicamente al gobierno de Oaxaca, aun sabiendo que las administraciones priístas del estado se han caracterizado por evadir sus responsabilidades.
(Con información de Jared Laureles )
