Nueva York. El comité selecto de la cámara baja de Estados Unidos encargado de la investigación sobre el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 informó que cuenta con suficientes pruebas para la formulación de cargos criminales contra el ex presidente Donald Trump y algunos de sus colegas.

Mientras el gobierno federal en Washington acusa a Vladimir Putin de encabezar un gobierno autocrático rodeado de oligarcas, en esta nación persiste una crisis política que incluyó un intento de golpe de Estado, posiblemente dirigido por un presidente estadunidense bajo investigación por subvertir la democracia y por sus negocios corruptos incluso con otros magnates.

El comité, que indaga el asalto violento del Capitolio por fuerzas derechistas, algunas armadas, convocadas por el ahora ex presidente el 6 de enero del año pasado, presentó por primera vez elementos para impulsar un caso criminal potencial contra Trump y cómplices por delitos de obstrucción de un procedimiento oficial del Congreso –la certificación del voto del Colegio Electoral– y “conspiración criminal para defraudar al pueblo estadunidense” en un intento para subvertir la elección presidencial.

En los argumentos presentados en un caso civil en California de un abogado de Trump, quien busca evitar proporcionar testimonio y evidencia sobre el tema, los integrantes del comité legislativo resumen el intento para subvertir la elección presidencial impulsada porel magnate y sus cómplices: promoción de versiones falsas de un fraude electoral (situación que continúa hasta la fecha), esfuerzos poselectorales para revertir conteos estatales, intentar instalar electores diferentes en el colegio electoral y, culminando con el 6 del enero de 2021, presión al entonces vicepresidente, Mike Pence, para descarrilar la certificación de los resultados y con ello proclamar una crisis constitucional para mantenerse en el poder.

Trump es el primer mandatario en rehusar una transición pacífica del Poder Ejecutivo en la historia del país, y hasta la fecha no acepta el resultado oficial.

El comité no tiene la autoridad para formular y presentar cargos criminales contra Trump y sus aliados, pero –y todo indica que se está preparando para ello– puede hacer una recomendación formal al Departamento de Justicia, encabezado por el procurador general de Justicia, Merrick Garland, con el fin de que proceda con un caso criminal.

Mientras, la comisión del Legislativo procede con su pesquisa, en la cual ya ha entrevistado en privado a más de 550 funcionarios federales y estatales. Se espera que comience con las audiencias públicas en abril, en las que abordará, entre otras cosas, las pruebas que tiene del papel directo de Trump.

Además, proceden otros casos y procesos legales en torno al esfuerzo del magnate de subvertir la elección culminado con el asalto al Capitolio.

El 18 de febrero, un juez federal falló que era razonable “inferir que cuando llamó a sus manifestantes a marchar al Capitolio, el presidente lo hizo con el objetivo de interrumpir los esfuerzos de los legisladores para certificar los votos del Colegio Electoral”, al negar la solicitud de Trump de descartar varias demandas civiles –presentadas por parlamentarios federales y varios oficiales de la Policía del Capitolio que fueron heridos ese día– que lo responsabilizan del asalto.

También proceden las causas legales contra cientos de participantes de la irrupción a la sede legislativa. El miércoles, uno de los acusados se declaró culpable de “conspiración sediciosa”, la primera vez que uno de los acusados acepta responsabilidad para ese delito (https://www.jornada.com.mx/notas/2022/03/02/mundo/ultraderechista-de-oath-keepers-es-condenado-por-asalto-a-capitolio/), lo cual podría nutrir casos contra otros involucrados.

Trump también enfrenta crecientes procesos jurídicos en otros frentes. A mediados del mes pasado, sus contadores declararon que no eran confiables varios años de declaraciones financieras que ellos habían preparado y rompieron su relación profesional con el ex presidente, factor que complicará su defensa ante investigaciones oficiales en Nueva York sobre si manipuló sus cuentas para obtener préstamos, entre otras actividades empresariales ilícitas. El ex mandatario repite que las investigaciones son políticamente motivadas para evitar que se postule como candidato presidencial en 2024.