No dejó bien parada el presidente López Obrador a la ex secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Este lunes reciente, en su conferencia matutina de prensa, el habitante de Palacio Nacional confirmó que la salida de Bucareli de quien ahora preside la mesa directiva del Senado se debió a divergencias con el entonces muy influyente consejero jurídico, Julio Scherer Ibarra, y a una especie de obstrucción política operativa que ha sido suplida por el sucesor, Adán Augusto López Hernández, paisano de todas las confianzas del Presidente de la República (paisanaje y confianzas que le han dado al gobernador con licencia de Tabasco toda la fuerza y cancha que a su antecesora le fueron negadas).

La propia ex ministra de la Corte, notaria pública con licencia y senadora en ejercicio, ha confirmado que mantuvo con Scherer Ibarra una larga disputa porque el consejero jurídico invadía estratégicas atribuciones legales de Gobernación. Tal invasión terminó cuando el jefe de ambos servidores públicos prescindió de sus servicios: a Olga le habrían ofrecido ir a una secretaría de Estado (se habló de Semarnat, a cargo de María Luisa Albores, o la Secretaría del Trabajo, con Luisa María Alcalde como titular), pero prefirió reintegrarse al Senado y presidir la directiva; a Julio se le tendió amistosa alfombra de salida, con trato fraterno en la despedida, pero sin alternativa de reinserción.

El caso de Scherer Ibarra ha ido cobrando relevancia negativa en semanas recientes, debido a una serie de acusaciones ante la Fiscalía General de la República que adjudican al ex consejero jurídico conductas corruptas a través de despachos de abogados que le han sido afines. Hay dos señalamientos, del litigante a favor de la corrupción de élite, Juan Collado, y del empresario Alonso Ancira, que desmerecen por cuanto al historial de los pronunciantes y los intereses que defienden y han representado.

Pero también ha enderezado el dedo jurídico contra Scherer Ibarra el abogado Paulo Díez Gargari, quien ha sostenido un largo litigio como ciudadano contra una de las múltiples corruptelas de la firma española OHL, ahora llamada Aleática, en particular en el tema del Viaducto Bicentenario, vibrante himno a las transas del peñismo, entonado con entusiasmo también en lo que va del presente sexenio a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a cargo de Jorge Arganis Díaz Leal.

Díez Gargari, como otros denunciantes, aseguran que Scherer Ibarra aprovechó su cargo, de extrema confianza ante el Presidente de la República, para hacer negocios personales y grupales a través de abogados de su confianza (la Fiscalía General de la República solicita 40 años de prisión para cuatro de ellos: Juan Araujo, César Omar González, Isaac Pérez y David Gómez Arnau).

Las historias e imputaciones del caso resultan muy preocupantes en relación con la lucha contra la corrupción que ha planteado el actual gobierno federal. Grave pensar que el consejero jurídico llevara a firma ante López Obrador documentos afectados por intereses deshonestos y francamente corruptos. Díez Gargari declaró que Humberto Castillejos, quien fue consejero jurídico con Enrique Peña Nieto, y colocó a sus primos en la Procuraduría General de la República y en una comisión plenipotenciaria en Michoacán, eran “niños de pecho” ante las andanzas de Scherer: https://bit.ly/3C5cOwE.

Astillas

El escándalo ha acompañado a Sandra Cuevas desde su campaña y ahora como alcaldesa de Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. Lo más reciente ha sido el envío de pelotas, con un billete de 500 pesos adherido, hacia asistentes a actos públicos, tema infamante que la persigue sin que ella atine más que a eludir… Y, mientras el presidente López Obrador defiende su política de “abrazos, no balazos”, y asegura que se están “atendiendo las causas de la violencia, pero eso lleva tiempo, son procesos”, ¡hasta mañana!

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