Moscú. El canciller ruso Serguei Lavrov volvió a argumentar que la posibilidad de que Ucrania llegara a tener armas nucleares es otra razón fundamental que obligó a Rusia a emprender la actual “operación militar especial”, como denomina el Kremlin su ataque contra Ucrania, que llegó este martes a su sexto día.
Afirmó: “El objetivo de nuestras acciones es salvar a la población (de origen ruso) mediante el cumplimiento de nuestras obligaciones como aliados (de Donietsk y Lugansk), así como desmilitarizar y desnazificar Ucrania”, para que no se repita “el genocidio en su contra”.
Añadió que era inaplazable emprender acciones ante la negativa de la OTAN de tomar en cuenta las preocupaciones rusas en materia de seguridad y “su decisión de suministrar cada vez más armamento ofensivo al actual régimen (ucranio), que había formulado abiertamente pretensiones territoriales contra la Federación Rusa, y amenazó con usar la fuerza y dotarse de potencial nuclear militar”.
Cuando llegó el turno de Lavrov para hacer uso de la palabra, en la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, muchas delegaciones abandonaron la sala en señal de protesta contra la guerra y el canciller ruso, quien no pudo viajar a Ginebra, por lo que criticó como “ilegales” sanciones contra Rusia, habló por videoconferencia. No fue el único boicot que enfrentó; menos de una hora antes sucedió lo mismo cuando hablaba ante la Conferencia de Desarme.
Según Lavrov, “los ultranacionalistas y neonazis, que con ayuda de Occidente tomaron el poder mediante un golpe de Estado en 2014, desataron un auténtico terror”.
Sostuvo que “todos estos años, el régimen ucranio aplicó una política de desrusificación y obligada asimilación de las personas que se consideran rusos y quieren conservar su identidad, idioma y cultura”, y a los cuales se les da a entender que “son ajenos en Ucrania y pueden largarse a Rusia”.
La víspera de celebrar una “segunda ronda” de negociaciones en la frontera polaco-bielorrusa entre enviados de Ucrania y Rusia, el Kremlin espera una señal de que el gobierno ucranio está dispuesto a cumplir las condiciones rusas para establecer un alto el fuego.
El presidente Vladimir Putin, en conversación con su homólogo francés, Emmanuel Macron, adelantó el lunes anterior que “no habrá arreglo si Ucrania no reconoce la soberanía de Rusia sobre Crimea y acepta desmilitarizar y desnazificar” ese país, lo que los observadores consideran un ultimato de capitulación incondicional.
Mientras tanto, durante todo este martes, Rusia no detuvo la presión mediante su ofensiva contra varias ciudades –Jarkov, Mariupol y Jerson en primer término–, y siguió acumulando fuerzas para un asalto final contra Kiev, con un convoy de cientos de vehículos militares blindados y camiones con soldados, que se encuentran a 20 kilómetros de la capital.
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El ministerio de Defensa ruso, al anunciar un inminente ataque de alta precisión contra varios nodos de retransmisión del sistema de comunicaciones del servicio de seguridad ucranio en Kiev –similar al que impactó el martes con un misil la torre de televisión de la capital–, exhortó a “los ciudadanos ucranios instigados por los nacionalistas a llevar a cabo provocaciones contra Rusia, así como a los habitantes de Kiev, a que abandonen sus hogares y se alejen de las inmediaciones de los edificios que serán destruidos”.
No hizo lo mismo cuando este martes lanzó un misil de crucero sobre la sede del gobierno en la ciudad de Jarkov, la segunda más poblada del país, que quedó en ruinas y dejó 10 víctimas mortales y más de 20 heridos.
Hasta ahora, el ejército ruso no ha podido vencer la resistencia en Jarkov después de mantener sitiada la ciudad, con elevado porcentaje de población de origen ruso, durante ya tres días.
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Las autoridades rusas bloquearon las emisiones de Ejo Moskvy y las transmisiones del canal de televisión Dozhd, dos de los pocos medios que son independientes, que siguen operando en diferentes plataformas de Internet, por llamar “guerra” lo que el Kremlin dice que es una “operación militar especial”.
En el caso de la emisora, se le imputa que el 25 de febrero, en el programa “Opinión particular” el analista Nikolai Zvanidze difundió “información intencionadamente falsa de relevancia social, en particular se refirió al supuesto ataque de Rusia contra el territorio de Ucrania”.
La fiscalía general también quiere prohibir en Rusia la Wikipedia por la entrada “Invasión de Rusia en Ucrania (2022)” y la dependencia que regula el uso de los medios, Roskomnadzor, está “ralentizando” la red social Twitter.