La Fiscalía General de la República (FGR) solicitará la medida de prisión preventiva y la imposición de más de 40 años de prisión en contra de los litigantes Juan Antonio Araujo, César Omar González, David Gómez Arnau e Isaac Peréz Rodríguez, acusados de formar parte de una red de corrupción y extorsión supuestamente relacionada con el ex consejero jurídico del Poder Ejecutivo Federal, Julio Scherer Ibarra,
Durante una audiencia realizada en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, el juez federal José Rivas González pospuso para el 8 de marzo la audiencia inicial en la que el Ministerio Público Federal imputará a los litigantes los cargos de asociación delictuosa, tráfico de influencias, operaciones con recursos de procedencia ilícita y extorsión.
En este caso la FGR integra otras carpetas de investigación en las que indaga a nueve despachos jurídicos presuntamente relacionados con esta red de corrupción, y aunque supuestamente Julio Scherer Ibarra está involucrado en estas extorsiones a empresarios y personajes que presuntamente eran o están sujetos a investigaciones de tipo penal, el Ministerio Público no ha presentado cargos en su contra.
Asimismo, en este caso han corrido versiones en el sentido de que esta red de corrupción también corrompía o amenazaba jueces y magistrados para obtener sentencias favorables a sus clientes, sin mencionar esto ni aparente conexión con el caso, durante la audiencia el juez Rivas González afirmó: “Esta toga y la institución que represento no se intimida, ni vende y se resolverá con apego a derecho”.
Asumiendo una actitud firme ante algunas intervenciones de los abogados que pretendían obtener mayores posibilidades para ganar tiempo en cuanto a la audiencia en las que se les imputarán los cargos y evitar que esta se realice de manera presencial, determinó que en la próxima diligencia deberán comparecer físicamente los litigantes señalados de cometer delitos.
Lo anterior, luego de que el agente del Ministerio Público, Manuel Granados Quiroz, señaló que además de las dificultades técnicas del Internet, pero sobre todo la posibilidad de que los abogados y sus defensores estuvieran falseando su ubicación, se pidió que acudieran personalmente a la sala de audiencias.
Asimismo, el juzgador determinó que el argumento de cambio de representación jurídica de quienes han sido señalados como presuntos responsables de delitos no podrá ser utilizada como una medida dilatoria, por lo que en caso de que alguno de ellos argumente que sus abogados renunciaron y no han tenido tiempo para conocer la indagatoria, el próximo 8 de marzo sólo otorgará un par de horas para conocer el expediente.
Por su parte, la representación de la FGR expuso que en varios de los casos de los abogados investigados no había posibilidad de corroborar su identidad porque no se retiraban el cubrebocas. También señaló que en diverso momentos de la audiencia éstos aparecían y desaparecían de cuadro, además, que detectó que dos los litigantes y sus defensores habían estado realizando retransmisión de la diligencia, lo que es violatorio de la ley.
