La secretaria de Energía, Rocío Nahle, planteó ayer a la Cámara de Diputados que “la situación mundial empuja a actuar rápido, ver por nuestro territorio primero”, y confió que haya consenso para que la iniciativa de reforma eléctrica “se apruebe lo más rápido posible”.
Consideró que “hoy se observa ansiedad e incertidumbre en la oferta de energéticos, lo que provoca una volatilidad en el mercado mundial”, por lo que anunció que México, como país productor de petróleo, ha tomado la determinación de garantizar primero el abasto interno.
En el último foro para analizar la iniciativa presidencial en materia eléctrica su postura tuvo diversos ecos. El coordinador de Morena, Ignacio Mier, propuso a las otras bancadas comenzar a construir, en el marco del diálogo político y de la concertación, las condiciones para que el dictamen se apruebe en comisiones y en el pleno a más tardar en junio.
El coordinador del PRI, Rubén Moreira, expuso que como su partido aún no tiene una postura definida sobre cómo votar, iniciará un “espacio de reflexión, que seguramente será largo”. Cuando concluyan se “tomará la decisión de si vamos a permitir que se vote o no y cómo. Así como está el texto, no lo vamos a votar”.
En el cierre del parlamento abierto, el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, formalizó su propuesta de reforma al artículo 4 de la Constitución para incluir el derecho humano a la energía eléctrica, así como una iniciativa para otorgar facilidades fiscales al desarrollo y fabricación de automóviles eléctricos.
Moreira indicó que el tricolor tiene interés de que la iniciativa de Fayad, así como la de la secretaria general de ese partido, Carolina Viggiano –en el mismo sentido que la del gobernador–, se incluyan como parte de la reforma.
Nahle pidió a los diputados “dar la cara a la nación” y resaltó: “No es conveniente para nadie debilitar a Petróleos Mexicanos ni a la Comisión Federal de Electricidad ni dejar que el mercado sustituya las funciones del Estado en un sector estratégico como el de energía. ¡Cuidado! Esto genera pobreza e inseguridad social y financiera”.
Expuso que la iniciativa presidencial busca equilibrar lo público y lo privado, donde participen empresas confiables y la CFE garantice la generación y el abasto.
Argumentó que el cambio constitucional propuesto por el Presidente tiene como sustento modificar el modelo mercantil eléctrico y el diseño del mercado, pues incluso ha pasado a ser bursátil por medio de certificados bancarios “que nos cuestan mucho a todos los consumidores, pero generan cuantiosas ganancias a empresarios”.
Afirmó que eso ha traído un incremento en las tarifas y una alta carga impositiva de la CFE, “que está sometida a intereses fácticos antes que ver por el interés nacional”.
Insistió en que la reforma eléctrica de 2013 generó un incremento en permisos de generación para empresas privadas, que hoy tienen instalada una infraestructura por 132 mil megavatios, cuando la red eléctrica nacional demanda como máximo 50 mil.
