Una videograbación puesta en redes sociales que daba cuenta de hechos muy preocupantes, pero no exactamente los que enseguida se le atribuyeron (el fusilamiento de 17 personas), concentró la cotidiana angustia que en el país se vive a causa del desbordamiento de la violencia criminal y de la ineficacia de las medidas de los gobiernos (federal y estatales) para contenerla.

Como sucede en los tiempos polarizados que se viven en México, una muy activa porción de contrarios a las políticas del presidente López Obrador aprovecharon las circunstancias para tratar de encajarlas en la cuenta electoral en curso. Con insistencia internética pelearon para imponer la versión del fusilamiento y del alto número de muertos, sin que entonces, ni al momento de redactar estas líneas, hubiera una sola prueba de tales afirmaciones. Es decir, pudieran resultar ciertos el método y la cuantía, pero hasta este lunes en la noche no había un solo asidero en firme para postularlos.

Eso no demerita, sin embargo, el fondo del asunto: en San José de Gracia, cabecera del municipio de Marcos Castellanos (un cura unido al movimiento de Independencia nacional), en Michoacán, un grupo armado colocó a varias personas con las manos en la nuca y de espaldas a la pared, luego de lo cual, conforme al único video específico, se desató una balacera a cuyo final habrían quedado varios cuerpos tendidos, aunque en la grabación de referencia nunca se pudieron ver tales fallecidos ni el momento del presunto fusilamiento, según el término que corrió por casi todas las redacciones de medios de comunicación.

Virtualmente todas las versiones apuntan a que se trató del cumplimiento de una orden de destierro dada por un grupo (el cártel Jalisco Nueva Generación) contra un ex aliado que luego pasó a otra facción y por ello fue avisado de que al poner un pie en San José de Gracia sería ejecutado, lo que sucedió cuando ese personaje asistió, acompañado de guardaespaldas, al velorio de su madre.

El suceso provocó más estupefacción al saberse que cuando, tarde como siempre, las autoridades federales y estatales se apersonaron en el lugar de los hechos, éste ya había sido “limpiado” y no había un solo cuerpo humano acribillado, aunque sí algunos restos. El propio Presidente de la República reportó en su conferencia matutina de prensa tales detalles, que suelen corresponder al retiro de cuerpos por parte de agresores o agredidos, según las decisiones de los respectivos jefes de los grupos criminales.

A reserva de que se precise si hubo fusilamiento o no y cuántos habrían sido los ahí asesinados, el episodio exhibe la tragedia nacional cotidiana, la descomposición institucional, la ineficacia de los planes presidenciales de dar abrazos y no balazos, la insuficiencia de extender prestaciones asistenciales a ciertos segmentos sociales con el fin de reducir su incorporación a los cárteles y la desproporción entre el empoderamiento militar en otros rubros y la desatención o incumplimiento en cuanto al crimen organizado.

Michoacán, con San José de Gracia como un ejemplo, es una prueba del fracaso de políticas y políticos para enfrentar los temas del narcotráfico y el crimen organizado. Cardenistas, perredistas y ahora el morenista Alfredo Ramírez Bedolla (con meses apenas en el cargo) han gobernado la entidad, con saldo trágico, siempre con ese factor delictivo asociado a campañas, candidaturas y poder público. Las presidencias municipales están abatidas ante la plata o el plomo, prefiriendo casi siempre lo primero.

Y en Los Pinos (sobre todo a partir de Felipe Calderón, luego con Enrique Peña Nieto) tampoco hubo un desapego del poder político respecto al confesamente criminal. Por su parte, el ahora presidente López Obrador prometió en campaña un giro contundente en la materia y no ha conseguido mayor cosa que algunas discusiones casi bizantinas en cuanto a estadísticas de disminución de algunos rubros delictivos. ¡Hasta mañana!

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