La cotidianidad de la violencia puede anestesiar a la opinión pública, pero no a quienes la sufren todos los días. No pasa uno sin que se sucedan baños de balas contra más de una decena de comunidades tsotsiles del municipio de Aldama, en los Altos de Chiapas. Sólo el 27 de febrero, La Jornada recibió el reporte, en tiemporeal, de 31 agresiones armadas desde la comunidad de Santa Martha, en el vecino Chenalhó. En enero de 2022 fueron 230 ataques. Es posible que al terminar febrero alcancen el medio millar.

El presunto motivo de esta violencia prácticamente unilateral (pues se reportan ocasionales respuestas también armadas desde Aldama, sin víctimas en Santa Martha) es la disputa por 60 hectáreas en la franja baja entre ambos municipios indígenas. Por la escala de las agresiones, y la evidente y explícita inoperancia de las autoridades de gobierno, es evidente que, como diría Gardel, 60 hectáreas es nada. Esa explicación no basta.

En los reportes se repiten las comunidades bajo fuego: Cocó’, Xuxch’en, Taba, San Pedro Cotzilnam, Yeton, Ch’ivit, Cabecera, Stzelejpotobtik, Juxton Ch’ayomte’, y a veces otras. En ocasiones hay heridos o muertos. Es notable la cantidad de veces que la policía estatal, e incluso la Guardia Nacional (GN), son agredidas desde Santa Martha. Apenas el pasado 22 de febrero la población de estas comunidades se vio rodeada por atacantes que disparaban desde Yaxaltik, Tulan, Tok’oy Base de la Policía, Saclum, Tojtik, Telesecundaria, T’elemax, T’ul Vitz, Vale’tik, Ontik, Xchuch te’1, 2, K’ante’ Panteón, Templo, Chalontik, Tijera Caridad, Rancho Caridad, todos en Santa Martha, Chenalhó, además de El Colado, Chino, Ranchito y el Ladrillo, dentro de las 60 hectáreas en disputa.

Harán un pronunciamiento

Sin ir lejos, el día 20, a las 12:36 fueron atacados, según los pobladores de Aldama (enviaron fotos y videos) “elementos de la GN, Marina y policía estatal preventiva en Tabac; los disparos de altos calibres provienen de T’elemax en Santa Martha”. En Ch’ivit fue herido en el vientre el septuagenario Tomás Lunes Ruiz, quien estaba dentro de su casa, a las 6:45 de la mañana”.

Grupos civiles y observadores en la región que pronto harán público un pronunciamiento al que tuvo acceso este reportero, subrayan que “la situación de los municipios tsotsiles de Adama y Chenalhó se inserta en el contexto de violencia que se ha incrementado dramáticamente en diversas regiones de la entidad: Pantelhó, Oxchuc, Chalchihuitán, San Cristóbal de Las Casas, San Juan Chamula, Simojovel, Altamirano, Ocosingo, Palenque, Chilón, Venustiano Carranza, Tila, Frontera Comalapa, Chicomuselo, Chapultenango, Amatán”, y se agrega Benemérito de las Américas.

El pronunciamiento agrega: “La lista de episodios violentos, enfrentamientos, asesinatos y desapariciones, crece cada día en todo el estado, como expresión de una clara, acelerada y, al parecer, incontrolable descomposición social. Llama la atención la gran cantidad de armas de alto poder y uso exclusivo del Ejército que circulan sin que ninguna autoridad intervenga. Asimismo, es evidente la presencia de grupos delincuenciales, algunos de relevancia nacional, que operan en absoluta impunidad”.

No se trata, añaden, “sólo de conflictos agrarios intra e intercomunitarios que por sí mismos merecerían una intervención inmediata de las autoridades. Estamos hablando de una disputa por el control territorial, en la que confluyen intereses de todo tipo, y cuyas terribles consecuencias hemos visto en otros estados de la República”.

El accionar abierto, impune y temible de los paramilitares de San Pedro Chenalhó, de Santa Martha y otras comunidades, es heredero directo de quienes realizaron en 1997 la masacre de Acteal. Son ya tres generaciones de hombres armados, sin otro arraigo que la pertenencia “a la pandilla”, como visionariamiente describieron hace 30 años Angélica Inda y Andrés Aubry al estudiar la situación en Los Chorros y Ejido Puebla, localidades que fueron cuna, junto con Santa Martha, del paramilitarismo en la región dentro del plan gubernamental de contrainsurgencia, nunca reconocido oficialmente, para contrarrestar la influencia del alzamiento zapatista (ver Los llamados de la memoria, 2003).

“Ante esta terrible realidad” en la que no se vislumbra estrategia alguna en los tres niveles de gobierno”, los observadores consultados por La Jornada se preguntan: “¿Es-tán rebasadas las autoridades? ¿Hay incompetencia? ¿Complicidad?”.

La investigadora Carla Zamora Lomelí, con muchos años de trabajo académico en los Altos de Chiapas, al documentar la violencia sin freno en San Cristóbal de Las Casas, apunta: “Es claro que existe una disputa por el control territorial de grupos asociados con la delincuencia organizada. Las casas de seguridad que resguardan a centenares de migrantes (como quedó evidenciado luego del accidente carretero que cobró la vida de56 personas en diciembre) operan en completa impunidad, mientras el acceso al mercado de armas es sencillo”. Zamora Lomelí concluye: “En Chiapas la guerra parece perpetuarse y la justicia es cada vez más difusa”.