En comisiones del Senado se analizan cinco iniciativas, presentadas por separado, de los grupos parlamentarios de Morena, PRI, PAN y PRD para tipificar como delito el reclutamiento de menores de 18 años por parte del crimen organizado.
La panista Josefina Vázquez Mota, presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, propone una reforma al Código Penal Federal y a la Ley General de Víctimas, así como a la de Trata de Personas para sancionar con penas de 20 a 40 años de prisión y de 2 mil a 40 mil días de multa a quien reclute menores.
En su texto, resalta que desde 2015 el Comité sobre los Derechos del Niño de la Organización de Naciones Unidas señaló que es preocupante que en México “no esté tipificado como delito el reclutamiento de niños por grupos armados. También que no se hayan adoptado medidas suficientes para prevenir el reclutamiento continuo de niños y proteger y prestar apoyo sicosocial a las víctimas”.
La legisladora plantea que “el comité recomendó al Estado mexicano que tipifique como delito de manera explícita el reclutamiento de niños por grupos armados, al identificar y seguir a los diversas bandas armadas del país, en particular a los de la delincuencia organizada; que garantice que los niños reclutados ilegalmente tengan acceso a la justicia y reciban una indemnización y se revise la estrategia de lucha contra para que los menores estén protegidos de la violencia”.
Plantea reformar el artículo 25 de la Ley para Prevenir la Trata de Personas y establecer que “comete el delito de reclutamiento forzado de menores quien obligue, induzca, facilite, procure, persuada o prepare a personas menores de 18 años para la comisión de cualquiera de los ilícitos señalados en el párrafo anterior y se sancionará con pena de 20 a 40 años de prisión y de 2 mil a 40 mil días multa.
“La pena por ese delito aumentará hasta en una mitad cuando el menor se encuentre en condición de orfandad, abandono familiar, discapacidad, pobreza extrema, situación de calle, migración, pertenezca a una comunidad indígena o haya sido previamente víctima de algún delito.”
Asimismo, propone modificar el artículo 4 de la Ley General de Víctimas para que “también sean consideradas las personas menores de 18 años en los términos del artículo 25 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y otras, de conformidad con la legislación penal aplicable”.
Indira de Jesús Rosales, también del PAN, presentó hace una semana su propuesta para tipificar como corrupción de menores “a quien reclute a una o varias, niñas, niños o adolescentes, incluir la realización de conductas relacionadas con grupos armados y/o de la delincuencia organizada”.
