La electricidad debe estar más en propiedad de la gente”, bien dijo Bernd Lange, presidente de la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo, durante visita al Senado mexicano. Pero también otros recursos energéticos y naturales. Por eso es preocupante la “modernización” del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México (Tlcuem), que consiste en un mayor entreguismo, desprotección del ambiente. Basta de dobles discursos.
Organizaciones civiles mexicanas sostuvieron una plática el 23 de febrero con Lange y su comitiva de parlamentarios. Explicaron que la sostenibilidad de proyectos empresariales sólo se logra respetando los derechos humanos y ambientales, lo que a muchas empresas europeas en México les ha importado un comino (ver “Desenmascarados los derechos corporativos en el renovado TLC México-UE” https://bit.ly/3t7bqpe). Representantes de Brigadas Internacionales de Paz (PBI), Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz) y Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (Poder), presentaron posicionamientos desarrollados por organizaciones sociales y civiles desde que se negoció el primer Tlcuem, firmado en 2000.
La reunión fue oportuna, pues las negociaciones del renovado Tlcuem acabaron en 2020 tras un “acuerdo de principio” en 2018, cuyos textos se encuentran sólo en inglés (https://bit.ly/3hgrAHh). Pese a que los textos finales no son públicos, los gobiernos pretenden su ratificación por el Senado, el Parlamento Europeo y los parlamentos de los países miembros de la UE para su entrada definitiva en vigor.
PBI, Serapaz y Poder entregaron a los eurodiputados un documento que comienza contextualizando el decreto presidencial en México que da preferencia a proyectos, que cuentan con capitales europeos, que facilitan múltiples abusos a los derechos humanos, sin que haya procesos de consulta ciudadana e indígena, incumpliendo el Acuerdo 169 de la Organización International de Trabajo (OIT). En este documento denuncian como “el acuerdo global (con la UE) no refleja ninguna fórmula para que las empresas actúen con debida diligencia en derechos humanos (y pese a que) el anterior acuerdo contenía una cláusula democrática, nunca se activó a pesar de la grave crisis de derechos humanos en México”. Mientras México ha ratificado el Acuerdo 169 de la OIT, sólo cinco de los 27 países miembros de la UE lo han hecho, por lo que ésta se niega a basar sus relaciones comerciales en consultas.
Las organizaciones expusieron cómo “las demandas multimillonarias comerciales a México por inversores le están costando al gobierno recursos vitales para que la población ejerza sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales”. En efecto, México ya ha sido sancionado a pagar a empresas extranjeras más de 500 millones de dólares y está en el banquillo de los acusados del Banco Mundial por al menos 6 mil millones de dólares más, pero puede ser mucho más. Ivette González, de Poder, comentó que los parlamentarios europeos, a pesar de “su aparente buena disposición no reaccionaron ni comentaron sobre este tema”.
Gaby Kuppers, ex consejera de los Verdes en el Parlamento Europeo, partido que junto a la Izquierda Unida no participó en esta delegación a México, opina que el que los parlamentarios “no contestaran al tema de inversiones es grave. Para ellos es un tabú. Son partidarios incondicionales de mecanismos que permiten a inversores extranjeros demandar a estados, si nuevas leyes o regulaciones disminuyen sus beneficios o las expectativas de ellos. Esto tiene como efecto el abandono de políticas sociales o ambientales.” Dijo que “los políticos son políticos. Como representantes en el Parlamento Europeo, ven que su tarea es crear las condiciones que otorguen beneficios a las empresas y no intervenir en el modelo económico vigente”. Ella se refiere, desde luego, a los partidos representados en la delegación parlamentaria a México. Y dice que además muchos de ellos “ven la posibilidad de ser empresarios algún día. ¡Y qué bien ya no tener que contar entonces con estorbosas regulaciones!”
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene la oportunidad de poner todas las trabas a la ratificación del nuevo TLCUEM. La Comisión Europea quiere que se ratifique en tres partes –comercial, inversiones, y política y cooperación– con el propósito de que la parte comercial entre en vigor de forma preliminar en cuanto se apruebe en el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE, ya que las partes de inversión y de política y cooperación tienen que ser aprobadas por los parlamentos nacionales, en un proceso largo y que se podría descarrilar. México ha mostrado reticencias a la división del acuerdo pues considera que le quitaría peso a la parte política.
Lo más urgente es que el Senado conozca a fondo los textos del tratado e inviten a debates públicos con diferentes sectores sociales, antes de ratificarlo. Tras más de 25 años de políticas comerciales fracasadas, México no puede seguir por el camino que, lejos de traer beneficios al conjunto de la población, ha significado la pérdida de millones de empleos y la destrucción de territorios y medios de vida (https://bit.ly/3K1gK4x) así como de sectores económicos clave para el país. La 4T debe exigir nuevas negociaciones con la UE, en aras de un acuerdo centrado en el bienestar de la población, la protección del ambiente y los derechos humanos. ¡Con Europa, no más espejitos por oro!
