Ha cumplido ya dos años en prisión y su horizonte legal es complejo. La protesta contra la desigualdad social, defensa de la tierra frente a la invasión de las grandes empresas y buscar justicia por la desaparición de compañeros ha resultado costoso. Kenia Hernández trasladó su inconformidad a algunas casetas del emporio español en el estado de México OHL (ahora Aleática) y el resultado fueron cinco procesos legales en su contra, “algunos fabricados” para mantenerla en prisión.
Su única alternativa de libertad pasa por algo inadmisible para ella, porque implica claudicar en principios: un acuerdo reparatorio en el que asuma que cometió todos los delitos imputados y que ya derivó en una sentencia de 10 años en un tribunal de Almoloya de Juárez.
“Insisten en que acepte que cometí algún delito y eso no lo voy a hacer. Me han mandado todo tipo de amenazas: que no iba a volver a la calle ni a ver a mis hijos. Pero aceptar eso es admitir que la defensa de los derechos humanos es un delito; protestar por los camaradas desaparecidos o exigir acciones para el desarrollo de las comunidades”, sostiene Kenia en entrevista, y exige su liberación ante la fabricación de delitos.
Detenida el 18 de junio de 2020, cuando la ocupación de casetas de peaje no era un delito que ameritara cárcel, la abogada indígena amuzga, ha resentido la actuación concertada de las fiscalías General de la República y del estado de México, que tiene cinco procesos en su contra: robo con violencia (fuero común), por la que ya fue sentenciada; otro por robo con violencia en la caseta de Las Américas, en Ecatepec, y tres más por ataques a las vías de comunicación.
Para ella todo es un entramado con la finalidad de mantenerla en prisión por su manera de defender las causas en las que cree. En la única sentencia denuncia un proceso viciado: “La ley señala que es una sola audiencia y sólo por causas excepcionales se puede suspender, pero se realizó en varios días naturales. El juez permitió la contaminación de testigos porque se podían poner de acuerdo y aún así se contradijeron”.
Explica que por violaciones al debido proceso emprendió una huelga de hambre por 61 días, la cual levantó ante la petición de organizaciones que la apoyan, que ante la alteración en su frecuencia cardiaca, debilitamiento físico y el mayor riesgo de contraer covid-19, le pidieron confiar en su defensa.
“Pareciera que no se vislumbra la luz ahora con la sentencia por un delito que no cometí, ni siquiera tienen pruebas ni las van a conseguir. Sí, es doloroso, más que como persona me duele que este gobierno haya optado por la represión con un discurso de izquierda”.
Su abogado, Antonio Lara, dice que las formas de lucha de Kenia se intensificaron tras la desaparición de Arnulfo Zerón, defensor de derechos humanos en La Montaña.
Es radical en su discurso de condenar el avasallamiento de comunidades indígenas por los intereses económicos y la preservación de un modelo capitalista donde los ricos se han apropiado de los bienes. Esas son sus motivaciones de lucha.
