Hoy terminará el relativo ejercicio de participación social en la confección de decisiones legislativas al que se llama “parlamento abierto”. En otras condiciones, sería muy probable que a pesar de las ponencias y comentarios presentados en dichos foros (25, durante enero y febrero) el resultado fuera el mismo que antes de iniciar tal proceso: la mayoría que en la Cámara de Diputados forman Morena y sus aliados sostendría en sus términos originales el proyecto de reforma eléctrica planteado por la Presidencia de la República (ya lo ha hecho en otros temas, “sin cambiar una coma” a propuestas polémicas) y, con esa fuerza numérica evidente, la votación favorable estaría sellada desde ahora.

En esta ocasión, sin embargo, fue notable e indicativa la ausencia en el “parlamento abierto” de las principales firmas opositoras a tal reforma. De 15 convocados, faltaron los representantes de Iberdrola, Walmart, Grupo México, Lala, Citibank, Enel Green Power, Bimbo, Alsea, Femsa, Kimberly Clark, Santander, HSBC y BBVA y sólo asistieron Fortius y Bachoco (https://bit.ly/3HEQ6Nj).

Pero más allá del recuento de asistentes y ausentes formales, ha habido una omnipresencia vigilante y condicionante, encarnada por el prefecto diplomático de Estados Unidos en México, Ken Salazar, y, en visitas constantes, por altos funcionarios del gobierno de Joe Biden, como el subsecretario de Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente del Departamento de Estado, José W. Fernández, quien estará de domingo a jueves de la presente semana en nuestro país, según eso para “impulsar la cooperación con México en una amplia gama de temas que incluyen la competitividad económica, el comercio, la integración fronteriza, la energía, el medio ambiente y los asuntos laborales (nota de Arturo Sánchez: https://bit.ly/3poTohb).

Esa voz, la del gobierno y los intereses de Estados Unidos, es la que intentará vencer los puntos medulares de la propuesta obradorista en materia energética en general, marcadamente en lo eléctrico y, como una batalla perfilada pero aún insuficientemente reconocida, en cuanto al litio, material estratégico que ha provocado el derribo de gobiernos nacionalistas en otras latitudes, el de Evo Morales en Bolivia, como ejemplo contundente.

Contra esa reforma se han presentado ya objeciones públicas y privadas por parte de personajes diversos del poder estadunidense, más la advertencia de que en sus términos actuales podría ser violatoria del tratado norteamericano de libre comercio y, por tanto, de ser aprobada en el Congreso mexicano sin las limaduras y remodelaciones adecuadas, sería materia de litigio internacional.

A las objeciones extranjeras ya conocidas se suma la volátil situación política y económica derivada del conflicto con sede física en Ucrania y la exigencia “táctica” de cierre de filas de México con Estados Unidos en momentos de tensión mundial. Aun cuando Palacio Nacional quiso eludir la emisión de una condena a Rusia, horas más tarde la cancillería hubo de fijar tal postura contraria a Moscú: Washington no quiere indefiniciones, así que sus aliados o dependientes deben pintar raya respecto a Rusia y China y alinearse con las medidas financieras, energéticas y políticas trazadas por la Casa Blanca.

Mientras tanto, el cierre del “foro de parlamento abierto” congregará hoy a gobernadores morenistas (se habla de Claudia Sheinbaum como una especie de jefa informal de ese bloque de mandatarios estatales, sobre todo en la vertiente femenina), presidentes municipales y políticos alineados con el dominante color guinda. Como partido (es un decir), Morena sigue organizando actos públicos en diversas ciudades del país en apoyo a la reforma en mención.

Ya se verá si la reforma original es sometida a cambios acordes con las pretensiones estadunidenses o la llamada 4T se juega a fondo su mayor carta confrontacional, sin cambiar lo fundamental, sin suprimir líneas polémicas. ¡Hasta mañana!

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