León, Gto., El gobierno panista de León reservó por nueve meses, para no dañar el “interés público”, los documentos relacionados con las comisiones en efectivo y en especie que empresas pagaron a las administraciones municipales 2015-2018 y 2018-2021, que encabezó Héctor López Santillana, del Partido Acción Nacional (PAN).
La directora de la unidad de transparencia del municipio, María del Carmen Gómez Méndez, argumentó que la dirección de desarrollo institucional leonesa no puede entregar contratos, convenios, recibos o documentos relacionados con el cobro de las llamadas “reciprocidades”, pues esa información fue reservada.
La corresponsalía de La Jornada en León solicitó a la unidad de transparencia local, el 14 de febrero, copias de los recibos que firmaron funcionarios de la dirección de desarrollo institucional por el cobro de “reciprocidades” a empresas que venden servicios o productos a los 7 mil empleados municipales. El comité de transparencia resguardó la información nueve días después.
Antes del acuerdo, la unidad de transparencia entregó copia de todos los contratos donde constaban los cobros en efectivo y en especie que no ingresaban a la tesorería de León y fueron manejados discrecionalmente por los ex titulares de desarrollo institucional Enrique Sosa Campos y José Alberto Martínez Aguayo.
Gómez Méndez explicó, en el oficio de respuesta UT/0657/2022, que los documentos se ocultaron dado que el perjuicio “que pueda producirse con la liberación de la información al interés público es superior al daño que se ocasiona al particular por no entregársele”.
Agregó que difundir esos datos vulneraría “la investigación del expediente CM/DNINV-088-2021 iniciada por la contraloría municipal”.
En el expediente número SSI-2022-0322, la actualtitular de desarrollo institucional, Verónica Teresa Gutiérrez Campos, refirió que los documentos quedaron reservados porque, según el artículo 73 de la Ley de Transparencia estatal, su divulgación obstruiría “los procedimientos para fincar responsabilidades a los servidores públicos en tanto no se haya dictado la resolución administrativa”.
El cobro de las “reciprocidades” se descubrió por un robo de 97 mil pesos en efectivo perpetrado el año pasado en las oficinas locales de desarrollo institucional.
Durante seis años, la dirección de desarrollo institucional pidió “beneficios económicos o en especie” para entregar “obsequios” a empleados municipales y organizar “eventos institucionales”, según consta en copias de los contratos, en poder de La Jornada. Los recursos se entregarían “en las fechas que determine el municipio”, se acotó en los documentos.
Las empresas Previsión Familiar del Bajío, Óptica El Anteojo Vission y Óptico Visión Factory pagaban 10 por ciento de “reciprocidad”; Ópticas Franklin y Ópticas Nueva Era, 5 por ciento; Precisión Óptica, 4 por ciento; Funerales Cepeda, Etesa y MetLife, 3.5 por ciento; Caja Popular La Merced, 3 por ciento; Caja Popular Libertad y Memory Servicios, 2 por ciento, y Servicios Pacto Sofom, uno por ciento.
Un contrato con la firma GNP, signado el 15 de enero de 2019, estipula que el consorcio entregaría una comisión en especie de 2.5 por ciento “los primeros días del mes de diciembre a José Alberto Martínez Aguayo, titular de la dirección general de desarrollo institucional”.
Héctor López, a la fecha director de la aduana Guanajuato Puerto Interior, admitió recientemente que sabía del cobro de “reciprocidades”, que consideró legales por estar plasmadas en contratos. Aseguró que no implicaban pago en dinero en efectivo, sino de comisiones en especie.
