Al cumplirse siete años y cinco meses de la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, el abogado de los familiares de las víctimas, Vidulfo Rosales, aseveró que el caso “se encuentra empantanado, con pocos avances” y las diferencias con el gobierno federal “se acentúan”.

El año pasado fue en el que se tuvieron menos avances, tanto en búsqueda como en investigaciones, sostuvo al participar en la marcha que cada mes realizan las madres y los padres de familia de los normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014.

Sobre la relación con el gobierno federal, tras la declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador, que reporta información de que hay gente dedicada a actividades ilícitas infiltradas en este movimiento, Rosales mencionó que redita “la tesis que formó parte del gobierno pasado, hipótesis que no tuvieron sustento, que nunca se lograron probar”, pero que ahora se retoman y plantean una “línea de criminalizar a la normal rural y al movimiento de los padres”.

Lo anterior, agregó, “obviamente ha provocado molestias, que la relación con el gobierno federal se enfríe (y que) nos encontremos sin mayores reuniones con el Presidente”. Recordó que el último encuentro que sostuvieron con el jefe del Ejecutivo fue el 24 de septiembre de 2021.

No obstante, señaló que este año han tenido dos reuniones con la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa y esperan que en las próximas semanas se les presente información por parte del fiscal especial para este asunto, Omar Gómez.