Luego de revisar “la gestión financiera de los contratos de prestación de servicios a largo plazo relacionados con el servicio integral de capacidad penitenciaria y verificar la prestación de servicios” en el ejercicio fiscal 2020 a ocho prisiones construidas con recursos privados, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló que debe aclararse un monto de 4 mil 695 millones 892 pesos. La ASF revisó erogaciones por 17 mil 903 millones 906 mil pesos efectuadas en 2020 por el Órgano Administrativo de Prevención y Readaptación Social (Oadprs), dependiente de la Secretaría Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), entregadas a “proveedores con los que suscribió contratos de prestación de servicios a largo plazo” en los Centros Federales de Readaptación Social números 11 (Sonora), 12 (Guanajuato), 13 (Oaxaca), 14 (Durango), 15 (Chiapas), 16 (femenil Morelos), 17 (Michoacán) y 18 (Coahuila). Durante ese ejercicio fiscal (en el cual Alfonso Durazo dirigía la SSPC), el Oadprs “permitió que cuatro proveedores prestaran sus servicios mediante cinco empresas subcontratadas que no contaban con su autorización o que no cumplieron con los requisitos establecidos”. Asimismo, no acreditó haber vigilado el cumplimiento de los contratos para cerciorarse, entre otras cosas, de la adecuada prestación de los servicios de conservación y mantenimiento de infraestructura y servicios adicionales y de que los proveedores cumplieran con otras obligaciones previstas en esos documentos.