La Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales (Fisel) no obstaculiza el trabajo del Instituto Nacional Electoral (INE) para investigar las quejas relacionadas con los casos de Odebrecht y su posible vinculación con el financiamiento de la campaña electoral de Enrique Peña Nieto. Tampoco lo hace con la presunta entrega irregular de dinero a Pío López Obrador, hermano del Presidente, al no entregar copia de los expedientes que se le han solicitado, afirmó el titular del organismo, José Agustín Ortiz Pinchetti.

En entrevista con La Jornada, el funcionario llamó a frenar “los ataques” en contra de la fiscalía y esperar a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronuncie al respecto. Además, consideró que este asunto “se está politizando”; es “un ataque (como parte) de los que se han estado esgrimiendo contra el gobierno para impedir la reformar electoral”, aseveró al referirse a los señalamientos de la consejera Carla Humphrey.

El viernes pasado, en una sesión del Consejo General del INE, Humphrey señaló que, a pesar de que el instituto promovió un recurso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para que se le entregara la información correspondiente y la Sala Superior avaló la petición, ha habido renuencia de la Fisel para acatar la sentencia.

Al respecto, Ortiz Pinchetti explicó que la fiscalía no puede entregar al INE los expedientes relacionados con los casos citados porque “lo prohíbe la ley”. Es un delito “abrir la reserva en la que deben estar estos documentos. Es en defensa tanto de los derechos fundamentales de los inculpados como la necesidad de mantener la secrecía mientras dura el procedimiento”, sostuvo.

Puntualizó que en el artículo 225 del Código Penal Federal “se establece como un delito el que se haga esta revelación, que se rompa con el principio de secrecía porque es contrario al interés de los inculpados y del principio de presunción de inocencia. Además, entorpece la función de investigación de la fiscalía electoral”.

También recordó que por esta situación ya presentaron controversias constitucionales ante la SCJN para impugnar la resolución del TEPJF y reiteró su preocupación porque el INE, “en lugar de hacer las investigaciones, pretenda tener acceso a materiales que están protegidos por la ley”.

Por ello, insistió, “nosotros estamos oponiéndonos a la entrega de éstos porque el INE sólo podría exigirles a otro tipo de autoridad –las fiduciarias, las bancarias– que proporcionen esos datos, no a la Fiscalía General de la República, cuyos procesos son totalmente reservados o son parte de un secreto que no puede compartirse con nadie, ni con el INE ni con ningún otro”.

Asimismo, alertó que acatar una sentencia de este tipo del TEPJF podría dar pie a “abrirse todas las carpetas, no sólo las de tipo electoral”.

Ortiz Pinchetti destacó que el instituto tiene múltiples instrumentos para hacer una investigación a fondo sobre el presunto uso irregular de recursos, “sin necesidad de romper la secrecía”, entre ellos, dijo, acudir a las autoridades bancarias y hacendarias.

Por otra parte, subrayó que hay certeza de que en la fiscalía se están investigando los casos de Odebrecht y de Pío López Obrador. Sobre este último, dijo que “es una acusación frívola” hasta donde la han podido observar, “que tiende más bien a desprestigiar al Presidente”.