El Estado mexicano no tiene una política pública para atender a la juventud, sino que las acciones que implementa en este campo son sólo esfuerzos aislados, según la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Como parte de la fiscalización de la cuenta pública 2020, el organismo evaluó las medidas adoptadas para la atención de los jóvenes a partir de 2013 y encontró que ni siquiera existe una definición universal de juventud, pues para el Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve) se es joven de los 12 a los 29 años y, para el Inegi, de los 15 a los 24.
Aunque los gobiernos federales han identificado la necesidad de establecer una política pública de atención a la juventud, no hay un responsable institucional de implementarla y no hay una ley general en la materia, de acuerdo con la “Evaluación de la política pública de atención a la juventud” hecha por la ASF.
“En el diseño institucional, en el periodo 2013-2020, no existió un marco jurídico que definiera una estructura institucional integral responsable de la implementación de la política pública de atención a la juventud”. Y es que si bien la ley señaló al Imjuve como definidor e instrumentador de la política, las atribuciones y la estructura orgánica que le confirió limitaron su trabajo.
Aunque existe un Programa Nacional de Juventud 2021-2024, publicado en diciembre de 2021, la puesta en marcha de los programas prioritarios del gobierno de la 4T a favor de los jóvenes, como Becas para el Bienestar Benito Juárez, Universidades para el Bienestar, Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida y Salud para el Bienestar –implementados en 2019– no se acompañó de un marco programático de carácter nacional diseñado para la juventud.
El informe señala que de 2013 a 2020, incluso cuando el Imjuve reportó la entrega de subsidios, apoyos y estímulos, la promoción de derechos y la articulación institucional, en general la información no permitió determinar su contribución a la generación de las condiciones satisfactorias de participación de las personas jóvenes. Además, su implementación se vio restringida por las deficiencias en el diseño, en especial la falta de una ley general que definiera los derechos a promover y cómo hacerlo de manera transversal, así como la convergencia multisectorial.
La ASF recomendó que el gobierno federal haga un nuevo diagnóstico “de la situación problemática que afecta a los jóvenes de entre 12 y 29 años, considerando el enfoque de Perspectiva de Juventudes y los grupos de derechos de participación, de supervivencia, de prosperidad y de protección que permita conocer las características, cuantificar la magnitud del problema y esquematizar la relación causa-efecto de las variables que requieren ser atendidas mediante la intervención pública”.
También consideró necesario que la Cámara de Diputados analice la pertinencia de expedir una ley general en materia de personas jóvenes y que se hagan ajustes al presupuesto que se destina a la atención de este sector, con el fin de que esté en concordancia con los objetivos de esa nueva ley.
