Lima. El presidente peruano, Pedro Castillo, denunció ayer un intento de golpe de Estado y pidió activar la Carta Democrática de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para dar tranquilidad al país tras denuncias de una empresaria que lo implicarían en actos de corrupción.
“Llamo a la comunidad internacional y al pueblo peruano para activar la Carta Democrática Interamericana y permanecer atentos contra cualquier intento desestabilizador y de golpe en el país”, indicó Castillo en su cuenta de Twitter.
“Circula en la prensa monopólica una serie de especulaciones que tienen como objetivo atentar contra la democracia. Los mismos que conspiraron contra los anteriores mandatarios, quieren hacerlo ahora contra el gobierno del pueblo.
“Denuncio anticipadamente este tipo de acciones que sólo insisten en maniobras políticas antidemocráticas con la finalidad de generar inestabilidad nacional”, agregó.
Según la prensa, la empresaria Karelim López, quien es investigada por su presunta participación en delitos de cohecho, comprometió al mandatario en sus declaraciones ante la fiscalía, señalándolo de participar en actividades de una supuesta organización criminal enquistada en el gobierno, en diversos ministerios y en el Congreso.
El objetivo de dicha organización, aseguró el diario La República en su edición digital, sería obtener dinero con las licitaciones de obras públicas. Los fondos recaudados, según López, serían utilizados para pagar las deudas que Castillo habría contraído en la campaña electoral 2021, en la que derrotó a la derechista Keiko Fujimori.
Deudas de la campaña política
“Tengo que pagar a los empresarios que han financiado mi campaña”, le habría dicho el presidente a López, informó el periódico.
“Lo más relevante de la declaración es que afirma que el presidente Pedro Castillo es parte de una mafia que opera en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones manipulando las licitaciones del sector”, publicó el rotativo El Comercio tras referir que la empresaria rindió su declaración el 18 de febrero ante la Fiscalía de Lavado de Activos.
Castillo sostuvo que la empresaria “ha brindado a la fiscalía declaraciones sin sustento jurídico ni coherencia con la verdad que amenazan la ética y la transparencia de los procedimientos de toda investigación”.
En esta coyuntura que lleva días, el jefe del partido oficialista Perú Libre, Vladimir Cerrón, declaró en Twitter que “los medios preparan terreno para acusar al jefe del Ejecutivo de liderar una organización criminal, y el Parlamento presentará una moción de revocación de mandato esta semana”.
Horas antes, el gobernante encabezó la firma de un acuerdo de cooperación entre su gobierno y la OEA para intensificar la lucha contra la corrupción en el país andino.
Advirtió que desde su administración no protegerán “a quienes cometan actos de corrupción”, ya que se necesita “un punto de quiebre frente al flagelo” para desterrar esas “prácticas perversas” con las que agentes del Estado se han aprovechado “indebidamente”.
Al recordar que uno de los 10 ejes de la política general de su gestión para el periodo 2021-2026 es la lucha frontal contra los sobornos, destacó que su determinación es actuar “con la mayor transparencia y firmeza” con el fin de prevenir, detectar y sancionar estos actos.
“La corrupción carcome las bases del Estado, desalienta la inversión y, sobre todo, indigna con justa razón a la ciudadanía, que se siente frustrada por la falta de atención a sus demandas por parte de las autoridades.”
