Una reforma migratoria que permita regularizar entre 8.5 y 12 millones de indocumentados, después de cumplir con un conjunto de requisitos, ha sido un espejismo, promesas incumplidas que los proponentes, sean demócratas o republicanos, han utilizado para convertirlos en votos en todo lo que va del siglo. Una rápida revisión permite comprobar que el ir y venir de las discusiones en el Congreso sobre una posible reforma migratoria genera enormes expectativas, pero con pocos visos de hacerse realidad.
Cuando el republicano George W. Bush, entre 2006-2007, propuso una reforma migratoria el Congreso insistió que antes se tenía que reforzar la frontera. Por tanto, se incrementaron los integrantes de la Patrulla Fronteriza, se construyeron 600 kilómetros de muro fronterizo, se instalaron 70 radares y cámaras y se otorgó a las autoridades migratorias nuevas funciones para detener migrantes. Sin embargo, nada sirvió y la posibilidad de una reforma se detuvo. Llegó Barak Obama decidido a reparar “un sistema migratorio fracturado”, para lo cual trabajó un grupo de ocho legisladores, cuatro demócratas y cuatro republicanos e hicieron una propuesta de reforma migratoria. Se votó y aprobó en el Senado, con 68 votos a favor y 32 en contra, el 27 de junio de 2013. Pero al pasar a la Cámara de Representantes, de mayoría republicana, fue votada en contra, argumentando que las deportaciones eran insuficientes, cuando la administración de Obama fue la que más utilizó este inhumano mecanismo en la historia reciente.
Joseph Biden presentó el proyecto denominado US Citizenship Act of 2021 que ha sufrido la misma suerte, la oposición republicana simplemente no la acepta. La otra propuesta Build Back Better (Reconstuir mejor), presentó en septiembre 2021 un gigantesco proyecto de ley de gasto social que plantea incluir a unos 6.5 millones de migrantes sin autorización que residen en el país desde 2010 y puedan solicitar permisos de trabajo temporales. Se encuentra estancada en el Senado, es más, la parlamentaria Elizabeth MacDonough señaló que los elementos de reforma migratoria contenidos en el paquete deben quitarse porque violan las leyes.
La congresista por Florida, María Elvira Salazar presentó el proyecto de ley para otorgar residencia legal a millones de indocumentados a partir del proyecto “Programa Dignidad”, cuyos requisitos son el pago de una multa de 10 mil dólares a pagar en 10 años, pago de impuestos y cuota para la seguridad y podrían ser residentes legales con posibilidad de obtener la ciudadanía en un futuro. Han señalado que la congresista simplemente busca votos en la medida en que ni remotamente será aceptada su propuesta.
¿Cómo explicar esta renuencia cuando las condiciones demográficas del envejecimiento poblacional que sufre Estados Unidos generan dificultades para satisfacer demandas laborales y continuar con sus proyectos de desarrollo? La estrategia es más o menos clara. Se mantiene a cerca de 12 millones de trabajadores en un marco de alta vulnerabilidad y en el limbo jurídico que permite retirarlos o incorporarlos al mercado laboral en función de los requerimientos de ganancia de los empresarios, y lo importante sin la obligación de otorgarles ningún derecho laboral. No es extraño que los migrantes presenten las más altas tasas de desempleo en momentos de crisis. Si estos trabajadores recibieran la residencia permanente o la ciudadanía podrían ejercer sus derechos laborales, y los empresarios se sentirían afectados en sus intereses, en la medida en que buscan máximos beneficios. Pero, poner a la discusión la posibilidad de la reforma migratoria, sin duda genera expectativas de alcanzarla todo lo cual genera votos para quienes la proponen. Todas estas manifestaciones han servido, al mismo tiempo, para oscurecer la realidad de los trabajadores en general y en particular de los migrantes cuyos salarios reales han tenido una tendencia a la baja en las décadas recientes.
Lo anterior se relaciona con la estrategia neoliberal cuyo objetivo ha sido dividir a los trabajadores, permitiendo generar las condiciones para que un pequeño grupo de poderosos se adueñen de la riqueza mundial. Revertir las decisiones cupulares que afecta a todos los trabajadores, sean nativos, migrantes, indocumentados o legales requiere unificarse bajo una misma agenda social que supere esa división ficticia para poder eliminar tan obscenas condiciones de desigualdad.
