En el texto Hacia una ecología política del agua, Jean Robert afirma que se deberá evitar desincrustar el agua de su matriz local; es decir, de su nicho natural, de su sabor y de sus poderes mitopoéticos locales, reconociendo que los grandes trasvases de cuenca a cuenca y las grandes presas se considerarán por lo que son: despojos y modos de fomentar la escasez de lo que originalmente fue gratuito.
El 8 de febrero de 2012, a partir de la reforma al artículo 4, México reconoció en su Constitución el derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. Esta reforma obliga al Poder Legislativo a emitir una Ley General de Aguas. Han transcurrido ya 10 años y la omisión para emitir tal ley ha sido ya declarada el 24 de enero pasado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Bajo la obsoleta Ley de Aguas Nacionales salinista (LAN), México sufre una grave inequidad en el acceso al agua. La contaminación, el acaparamiento, la sobrexplotación y la corrupción impune campean en su gestión actual.
Además, para 2022 se pronostica una grave escasez del líquido en Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara y urbes de la frontera norte debido a la falta de lluvias, aunque también al mal diseño, planeación y manejo de políticas públicas que son impuestas por los grandes intereses, así como a la falta de coordinación entre los tres niveles de gobierno. En los últimos días reina la incertidumbre sobre cómo se superará esta omisión considerando, además, que hemos recibido noticias preocupantes. El 5 de febrero falleció Carmen Santiago, imprescindible luchadora comunitaria, quien el pasado primero de diciembre de 2018 le entregó a Andrés Manuel López Obrador el bastón de mando a nombre de los pueblos indígenas y afromexicanos.
A tres años y tres meses de dicho acto, no se ha dado cabal cumplimiento al decreto expedido por el Presidente, por lo que la Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua (Copuda) ya entregó 16 solicitudes de títulos de concesión comunitarios a la Comisión Nacional del Agua. En conferencia de prensa con integrantes del Centro de Derechos Indígenas, el presidente del Consejo Directivo de dicha organización, Nicolás Cruz Arango, informó que la Copuda presentó ese requerimiento a partir de las disposiciones del precepto presidencial. Explicó que el transitorio quinto ordena a la Conagua, previo cumplimiento de los requisitos aplicables, entregar a las comunidades indígenas los títulos de concesión comunitarios previstos.
Más grave aún, el 15 de febrero la Guardia Nacional y la policía estatal de Puebla desa-lojaron la Casa de los Pueblos Atepelmecalli, instalada desde el pasado Día Mundial del Agua por la comunidad nahua de la región cholulteca, en el municipio Juan C. Bonilla, en una concesión a la empresa Bonafont, que absorbe mil 620 millones de litros de agua diarios, para comercializarla. Con esto, el gobernador Miguel Barbosa ha hecho realidad su deseo de aplastar la protesta ante tal empresa, filial de la trasnacional Danone, que durante 29 años ha saqueado impunemente este bien público y cultural de los pueblos nahuas.
Con la sentencia de la SCJN, en torno a la obligación de emitir una Ley General de Aguas, los poderes Legislativo y Ejecutivo tendrían que dar cumplimiento a este mandato. Recordamos las palabras de Pedro Arrojo Agudo, relator especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento de la ONU, quien durante su visita a México, en noviembre del 2021, presentó como ejemplo a seguir el proyecto de dictamen de dicha ley, aún pendiente de ser considerado en el Senado, logrado y presentado a solicitud de Comisiones Unidas de la Cámara de Diputados, como producto de las cinco iniciativas de Ley General de Aguas del Senado y la Cámara de Diputados, que trabajaron en coadyuvancia desde febrero de 2020.
Estamos a pocas semanas de concluir exitosamente este proceso, que únicamente puede ser obstaculizado por los grandes intereses que intentan imponer la ambición de usar el agua para el lucro, con agendas dictadas por los “aguatenientes” y los promotores de megaproyectos de muerte, al servicio de las trasnacionales. Tal es el caso del diputado Mario Mata Carrasco, provocador del conflicto de La Boquilla, quien intenta dar borrón y cuenta nueva a muchos meses de construir consensos, para iniciar de la mano de los grandes intereses una nueva versión de la caduca LAN, con discursos amañados que buscan generar confusión, traicionando así las necesidades de millones de mexicanas y mexicanos.
Exhortamos a la Secretaría de Gobernación, como enlace del Poder Ejecutivo con el Legislativo, a instalar un grupo de trabajo que retome el proyecto de dictamen de Ley General de Aguas, ya consensuado y logrado, con el objetivo de legislar de acuerdo con el mandato del transitorio tres de la reforma al artículo 4 de la Constitución, que cumple ya una década de criminal omisión.
