Tegucigalpa. Las fuerzas armadas de Honduras entregaron ayer el bastón de mando a la presidenta Xiomara Castro, y pidieron “perdón” por sus “errores pasados”, tras estar envueltas en un golpe de Estado y después en la represión ciudadana.

“Lo pronuncio con toda sinceridad, pueblo hondureño: Quiero primeramente pedirle perdón a cada ciudadano por los errores que nuestras fuerzas armadas han cometido en años pasados”, declaró en una ceremonia el jefe del Estado Mayor Conjunto, contralmirante José Jorge Fortín Aguilar. Castro, la primera mujer en gobernar Honduras, asumió el pasado 27 de enero para el periodo 2022-2026.

“Reconocemos la autoridad de nuestra comandante general de las fuerzas armadas”, agregó Fortín. De esta forma, los 20 mil efectivos de la institución quedan subordinados al poder civil constitucional.

“Perdón, pueblo hondureño, sé que somos una institución al servicio del pueblo y como toda organización cometemos errores”, reconoció el oficial.

Las instituciones castrenses de Honduras han estado desacreditadas ante la opinión pública por el apoyo al anterior presidente, Juan Orlando Hernández, actualmente preso y solicitado en extradición por Estados Unidos, que lo acusa de narcotráfico.

El ejército respaldó la relección inmediata de Hernández en 2017, en medio de acusaciones de fraude de la oposición, que salió a las calles a protestar, con saldos de decenas de muertos por la represión militar y policial.

Los militares también encabezaron un golpe de Estado perpetrado en alianza con sectores civiles en junio de 2009 contra el entonces mandatario Manuel Zelaya, esposo de la gobernante Castro.

Por su parte, la presidenta agradeció el papel que tuvieron las fuerzas armadas en noviembre pasado para garantizar elecciones libres, y les pidió respaldo para “la lucha frontal contra la corrupción y el tráfico ilegal de estupefaccientes” que emprende su gobierno.

Honduras fue catalogada como narco-Estado en una Corte de Nueva York, por el supuesto involucramiento de autoridades civiles y militares en el transporte de cocaína hacia Estados Unidos.

Tony Hernández, hermano del ex presidente, fue condenado en marzo del 2021 a cadena perpetua por narcotráfico y Juan Orlando fue capturado el pasado 16 de febrero porque Estados Unidos pide su extradición por el mismo delito. El ex gobernante rechaza los cargos y los atribuye a testimonios falsos de parte de capos que fueron extraditados por su gobierno.

Liberan a ambientalistas

En este contexto, organizaciones de la sociedad civil celebraron la liberación de seis ambientalistas presos desde 2019 por su lucha contra la explotación minera en la cuenca del río Guapinol.

“Celebramos la liberación de los seis Defensores del Río Guapinol. Un acontecimiento de 914 días, que deja en evidencia como la lucha por la preservación del medio ambiente es y seguirá siendo una causa legítima”, tuiteó la Asociación de Organizaciones de la Sociedad Civil.

El jueves en la noche salieron del centro penitenciario de Olanchito, municipio Yoro, los seis activistas que continuaban presos, casi un mes después de la liberación de dos compañeros tras un recurso de habeas corpus presentado por sus defensores.

El abogado del bufete Justicia para los Pueblos, Edy Tabora, confirmó que el Tribunal de Trujillo resolvió dar por revocados los autos de formal procesamiento decretados en contra de los ocho ambientalistas, revocar la prisión preventiva y ordenar su libertad inmediata.

Hace dos semanas, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia aceptó por unanimidad dos recursos de amparo interpuestos a favor de los ocho imputados, seis de los cuales habían sido declarados culpables pese a las evidencias absolutorias.

Los imputados en el proceso eran Kelvin Romero, José Márquez, Porfirio Sorto, José Cedillo, Ewer Cedillo, Orbin Hernández, Arnol Alemán y Jeremías Martínez, quienes fueron acusados por delitos de privación injusta de la libertad, incendio agravado, robo y asociación ilícita. Xiomara Castro reclamó libertad para quienes llamó “los presos políticos del Guapinol”.