Nueva York. La empresa farmacéutica Johnson & Johnson y tres grandes distribuidoras han acordado pagar 26 mil millones de dólares por su papel en la crisis de opioides en Estados Unidos para cerrar con acuerdo 3 mil demandas presentadas por autoridades estatales de ese país y miles de gobiernos locales por la crisis de los opioides.

Los fondos irán a gobiernos estatales y municipales del país, y nada directamente a las víctimas de la adicción a los opioides o sus herederos, pero la mayor parte se usará para afrontar la epidemia.

De los 49 estados demandantes, 46, además del distrito de Columbia, y 90 por ciento de las comunidades demandantes han aceptado los términos del acuerdo, comunicaron las empresas.

Los estados de Alabama, Oklahoma y Washington no aceptaron el convenio, mientras Virginia Occidental resolvió por separado.

En conjunto, estos pagos son los más altos hasta la fecha entre los numerosos casos judiciales relacionados con medicamentos analgésicos que se han desarrollado en el país. Se espera que el fondo financiero ayude significativamente a los esfuerzos para contrarrestar la crisis, que ha devastado muchos lugares, incluso rurales.

Johnson & Johnson, AmerisourceBergen, Cardinal Health y McKesson anunciaron los acuerdos el año pasado, pero la ejecución dependía de la participación de una masa crítica de gobiernos estatales y municipales. Ayer se cumplía el plazo para que las farmacéuticas anunciaran si consideraban que suficientes gobiernos se habían comprometido a participar del acuerdo y renunciar al derecho de demandar. Las cuatro compañías notificaron a los abogados de los gobiernos que se había alcanzado el mínimo requerido, lo cual significa que los fondos empezarían a llegar a las poblaciones en abril.

“Nunca tendremos dinero suficiente para curar inmediatamente este problema”, afirmó Joe Rice, uno de los abogados principales que representaron a los gobiernos locales. “Lo que tratamos de hacer es dar a muchas poblaciones pequeñas la posibilidad de cambiar algunos problemas”.

Kathleen Noonan, directora ejecutiva de la Coalición de Proveedores de Cuidado la Salud, planteó que parte del dinero debería usarse para crear albergues de atención a los adictos sin techo.

La crisis de los opioides, que ha causado más de 500 mil muertes por sobredosis en Estados Unidos en los recientes 20 años, ha desen-cadenado una oleada de litigios en el país por parte de las víctimas directas y de muchas comunidades (ciudades, condados, estados).

“En 2014, denunciamos que ya estábamos preocupados por la agresividad de los fabricantes para incitar al consumo de opioides, que llevaba al abuso, y el consecuente impacto devastador para las comunidades”, cuenta James Williams, responsable jurídico del condado de Santa Clara, en California.

El objetivo era doble, explica a la Afp: responsabilizar a las farmacéuticas de sus actos y recuperar dinero. Por la crisis de los opioides, el condado tuvo que gastar más en sus hospitales, programas de salud mental, servicios sociales, ayuda a las personas sin hogar, por ejemplo.

El condado, asociado a otros municipios, perdió el juicio en primera instancia el año pasado contra los fabricantes, pero apeló. Al mismo tiempo, participa en las negociaciones con las empresas que desean llegar a un acuerdo para evitar la justicia.

“¿Será suficiente el dinero pagado? Nunca compensará la muerte delas personas en el país a causa de los narcóticos”, dice Williams. Y “los miles de millones de dólares previstos en los acuerdos representan poco en comparación con las necesidades”, agrega.

Usuarios que se hicieron dependientes o sus familiares, también emprendieron acciones judiciales individuales, pero las compañías respondieron que la culpa era de los toxicómanos y su punto de vista prevaleció. Pero en nombre del interés público, las colectividades han tomado el relevo.

Si tantas entidades decidieron dar la batalla, fue en parte para no repetir lo que sucedió con el tabaco, dice Christine Minhee, jurista que dirige una página web en la que censa los diferentes procesos.

Tras un acuerdo en 1998 con las grandes tabacaleras, el sector se comprometió a pagar unos 246 mil millones de dólares a lo largo de 25 años, al tiempo que pagaba impuestos importantes.

Pero menos de 3 por ciento de estos fondos sirven para financiar programas para prevenir el tabaquismo o ayudar a los fumadores a dejar el tabaco, calcula la Campaña para Menores sin Tabaco.

La mayoría del dinero va a parar a los presupuestos generales, que sirven, por ejemplo, para construir carreteras.