Las presiones de Felipe Calderón sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el caso de la guardería ABC permitieron que “esta tragedia haya quedado impune desde el punto de vista constitucional”, afirma el ministro presidente, Arturo Zaldívar, en su libro 10 años de derechos. Autobiografía jurisprudencial.

El togado dedica a este caso un capítulo de su libro, al que tituló “Guardería ABC. No debieron morir”. Ahí explica que en las conclusiones de la facultad de investigación 1/2009, la cual se le encomendó, propuso que se fincaran responsabilidades al entonces director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Juan Molinar Horcasitas, a sus antecesores en el cargo –quienes autorizaron la subrogación del establecimiento a familiares de la entonces primera dama Margarita Zavala–, así como al entonces gobernador de Sonora, Eduardo Bours.

La responsabilidad última de los hechos corresponde a estos altos funcionarios, señala en el texto, pues “sólo pueden responder los titulares de las instituciones, que son quienes deben prevenir, identificar y mitigar los riesgos de las entidades a su cargo”.

El lunes pasado, al presentar su libro, Zaldívar acusó que en este caso hubo “una operación de Estado para proteger a la familia de la esposa del presidente, para proteger a los altos funcionarios públicos de ese gobierno”.

Su propuesta no obtuvo los votos necesarios para ser aprobada, y la SCJN terminó señalando como responsables sólo a funcionarios menores, tanto del IMSS como de los gobiernos estatal y municipal.

“En mi opinión, diluir la responsabilidad de los altos funcionarios públicos es vaciar de contenido la rendición de cuentas y restarle todo significado a las protestas que rendimos al momento de asumir el cargo”, señala Zaldívar.

El ministro presidente apunta en el texto que la discusión de este asunto en la SCJN generó tal incomodidad que a los ministros les fue retirada esa facultad constitucional de investigación.