No es necesario reiterar los muchos argumentos que se han vertido en favor de la reforma eléctrica*: recuperación del control nacional de la industria, imperativos de soberanía y seguridad nacionales, la necesidad de garantizar precios accesibles para la electricidad, la absoluta pertinencia de salvar a la CFE de la ruina a la que fue condenada por el Pacto por México en tiempos del peñato y garantizar la explotación y el aprovechamiento del litio para el desarrollo y el bienestar del país. La reforma eléctrica no sólo es necesaria, sino también indispensable, y ante sus razones, los buitres energéticos que la rechazan y sus voceros no tienen otra razón que oponer más que el principio del lucro máximo y a costa de lo que sea.
Sin embargo, la iniciativa requiere ser adicionada en varios aspectos. La omisión más grave es la de un sector social como productor, administrador y distribuidor de energía en un modelo de generación distribuida. Entre el 54 por ciento público y el 46 por ciento privado que contempla la iniciativa hace falta abrir un porcentaje para que comunidades, ejidos, cooperativas, barrios, multifamiliares y otras formaciones colectivas generen, distribuyan y administren electricidad, fundamentalmente para uso doméstico, alumbrado público, bombeo, riego y operación de pequeñas instalaciones como escuelas, clínicas, centros de reunión, templos y pequeños negocios.
Esos actores pueden emplear tecnologías fotovoltaica, microhidráulica, microeólica y tal vez microgeotérmica, en una variedad de combinaciones entre la interconexión y la isla. Se mantendrían a salvo de los vaivenes del mercado, sea cual sea el escenario político y económico, y liberarían progresivamente a la CFE de la carga que representa la generación y distribución a cientos de miles de usuarios.
Tal vez el reservar una porción de 3 o 4 por ciento al sector social sea sólo el punto de partida para llegar a un objetivo más ambicioso: un escenario en que toda la electricidad de bajo voltaje que se consume en el campo, en pequeñas localidades e incluso en barrios y colonias de las urbes, sea generada y gestionada de manera comunitaria por los propios habitantes.
En esta perspectiva, es necesario crear las condiciones para que ciudadanos y colectivos territoriales puedan convertirse en sujetos y protagonistas de la generación y la gestión de la electricidad. Ello redundaría en una cultura energética inestimable, en el fortalecimiento del tejido social y las formas de organización horizontales y verdaderamente democráticas y, a fin de cuentas, en mayor bienestar. Adicionalmente, con ello se pondría freno a la tentación desarrollista de incrementar indefinidamente la generación y el consumo eléctricos, tendencia que a estas alturas resulta claramente insostenible. A la aspiración suicida de disponer de la misma electricidad per cápita que en Estados Unidos o Alemania se debe contraponer, mediante unidades de producción y autoconsumo pequeñas y distribuidas, una contención a la fantasía de la electricidad sin límites.
Otro punto que debe considerar la iniciativa es el reconocimiento de los derechos de los pueblos por encima de los proyectos energéticos y la inclusión del derecho a la energía como un derecho humano y colectivo fundamental, más allá de la visión de mercado. La remodelación del sector energético brinda la posibilidad de conciliar las necesidades del desarrollo nacional con lo que los pueblos nahuas de la Sierra Norte de Puebla llaman el yeknemilis, que puede traducirse como la vida buena, y con el propósito de la Cuarta Transformación de asumir que el desarrollo debe impulsarse desde abajo y sin dejar atrás a nadie.
Si la electrificación histórica de México avanzó de las ciudades al campo, hoy debemos plantearnos la ruta inversa: llevar la transición energética del campo a las ciudades. En el campo hay cursos de agua, sol, viento y extensiones de terreno.
El siguiente punto es la necesidad de dotar a la iniciativa de perspectiva de género. Es obvio que si las mujeres han padecido desigualdad y discriminación en todos los ámbitos, es lógico que hayan sufrido también un menor acceso a la energía en todos sus aspectos: el tecnológico, el económico y hasta el de consumo, y sería imperdonable alentar la conformación de unidades colectivas o comunitarias de generación, gestión y distribución de electricidad sin garantizar legalmente la igualdad sustantiva en todos esos aspectos.
Finalmente, la ley debe garantizar que la inevitable transición energética no se traduzca en una mera importación masiva de insumos y materiales, sino que dé pie a una robusta tarea nacional de investigación y desarrollo a fin de impulsar tecnologías propias, generación de empleos y reindustrialización del país.
*Resumen de la ponencia presentada en el parlamento abierto para la reforma eléctrica, Palacio Legislativo de San Lázaro, 22/2/22.
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