Ciudad de México. “Lo que declaró el ministro (presidente) de la Corte, Arturo Zaldívar, es real, le creo, porque él es una gente recta, lo considero una persona íntegra”, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador en relación con lo dicho el martes por el abogado acerca del caso guardería ABC.
El ministro denunció que el ex presidente Felipe Calderón operó para dejar impune el incendio en el que fallecieron 49 niños, en Hermosillo, Sonora.
López Obrador dijo que los comentarios de Zaldívar no son nuevos, porque así lo establece en la propuesta de resolución del mismo juzgador respecto a la tragedia ocurrida en 2009.
En distintos espacios fue denunciada la intención de proteger a personajes y utilizar el hecho con fines político-electorales, en los que resultó beneficiado el partido del ex presidente Calderón (PAN), añadió el mandatario. Precisó que en el suceso de la guardería fue clara la impunidad y la protección a personas influyentes o allegadas al poder.
Advirtió que el expediente ABC “no prescribe” y en ello deberían concentrarse quienes se dicen preocupados por los hechos y no limitarse a preguntar por qué Zaldívar se calló durante tanto tiempo.
El testimonio del ministro, puntualizó, fue tomado por la Fiscalía General de la República.
En ese contexto, el mandatario mencionó que un presidente de la República no debe ocultar las cosas, trátese de quien se trate, así sea su familia. “Imagínense, ¿qué autoridad moral puede tener un presidente que ordena que se oculten hechos tan lamentables como lo de la Guardería ABC, qué autoridad moral, o lo de Ayotzinapa (…)?”.
Retomó el tema de su hijo José Ramón; reveló que aunque estaba seguro de que en el episodio de la casa rentada en Houston no había conflicto de interés, “de todas maneras ordené que se abriera la investigación o que se diera respuesta a las denuncias presentadas. El que nada debe, nada teme”.
Al referirse a la consulta de revocación de mandato, a realizarse el 10 de abril, aseguró que dejar municipios sin la instalación de casillas transgrede lo establecido por la Constitución.
Reprochó además que el Instituto Nacional Electoral pida un alto presupuesto para ello, tres veces más que en la pasada consulta –para juzgar o no a los ex presidentes– en la que se colocó el pretendido número de mesas.