En el diseño de la reforma energética de 2013 y su regulación, que beneficia a las empresas eléctricas, participaron “cientos de personas de bufetes altamente especializados, nacionales y extranjeros”, que armaron una red regulatoria que complica cualquier acción para revertirla, informó Mario Morales Vielmas, coordinador de Planeación estratégica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

En una conferencia de prensa con diputados de Morena advirtió que si no se aprueba la iniciativa presidencial en materia eléctrica, CFE “seguirá trabajando con las reglas diseñadas para las empresas privadas”.

Durante la conversación, también abordó las repercusiones del conflicto en Ucrania y manifestó que “no se ve a largo plazo”, pero tendrá “una afectación económica muy fuerte en el mundo”.

El cálculo del gobierno federal es que si el conflicto “se alarga, afectará a Europa muchísimo. El gas que se consume en Europa es natural licuado y mucho se licúa en el norte de México por empresas extranjeras y se traslada en barcos hacia Asia y Europa”.

El directivo manifestó que toda esta dinámica origina que la energía eléctrica requerida por los países se deba “producir con lo que se tenga y a veces a los precios que uno no se puede imaginar”.

Dijo que si bien México tiene una alta dependencia de gas, se trabaja para resolver de la mejor manera posible episodios como los ocurridos en Texas en febrero de 2021.

“Tenemos la capacidad para cubrir la mayor parte de la generación de energía eléctrica y las coberturas suficientes de gas. La CFE tiene centrales duales, esto es, de gas y diésel. Tenemos la suficiente capacidad de almacenamiento para autonomía de determinadas semanas, que nos permita garantizar periodos críticos por condiciones climatológicas o crisis potenciales que indirectamente nos puedan afectar”, declaró.

En el caso de la reforma a discusión en el Congreso, indicó que la regulación se construyó específicamente para el beneficio económico de las empresas privadas. Reconoció que todos los cambios de bajo perfil que se han intentado, están detenidos por los amparos, porque se impuso una red de 250 regulaciones y los jueces “todo lo ven inconstitucional o que afecta la competencia y de ahí no los sacamos”.