La reforma eléctrica de 2013 se inició con promesas muy específicas. Reducir los precios de los energéticos y mejorar la calidad del servicio. Todo esto derivado de la competencia. A esas promesas, ¿quién puede negarse?
Casi 10 años después nos encontramos en un escenario en el cual sucedió lo contrario: los precios de los energéticos aumentaron.
Uno de los principales ejemplos es el mercado del gas licuado de petróleo (LP), en el cual, a raíz de la liberalización de los precios de 2017, los consumidores finales observaron aumento en sus tarifas, por encima de los costos de referencia internacionales, así como de la inflación. En el punto más álgido los consumidores pagaban hasta 70 por ciento de margen de utilidad a los distribuidores.
Claro que el mercado de gas LP es muy diferente al mercado de electricidad. Éste tiene barreras de entrada mucho más bajas, por lo cual la aseveración de que la competencia se dará de manera natural y que dicha competencia obligará a los precios a reducirse debería tener un impacto mucho mas inmediato que en el mercado eléctrico.
Sin embargo, lo que observamos es que en un bien tan esencial, la competencia no existe.
Esto quedó de manifiesto en el acuerdo que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) aprobó para fijar un tope máximo al precio, toda vez que se sabía que no existían condiciones de competencia efectiva. La misma CRE en ese acuerdo establece que siguió los procedimientos administrativos dictados en la ley por los cuales presentó una denuncia a la Comisión Federal de Competencia Económica para que se declarara la inexistencia de condiciones de competencia efectiva en el mercado del gas licuado desde finales de 2018. Sin embargo, la Cofece ignoró las denuncias y fue hasta finales de 2021, luego de que la CRE fijó los precios máximos, que decidió iniciar las investigaciones correspondientes. Ahora la Cofece ha establecido de manera preliminar que efectivamente en más de 200 regiones del país del mercado de gas LP no observa condiciones de competencia efectiva.
Vale la pena mencionar que en el sector de distribución de gas LP el Estado no tenía ninguna presencia desde hace más de 30 años. Es hasta la llegada de esta administración, con la creación de Gas Bienestar, que el Estado vuelve a tener presencia en este sector. Aquí no puede argumentarse que fue derivado de las ineficiencias de la empresa estatal que los precios aumentaran, toda vez que incluso aguas arriba la industria se encuentra dominada por la iniciativa privada. La falacia de la competencia derivada de la liberalización de bienes estratégicos y de la desaparición del Estado en dichas actividades, resulta peligrosa porque, debido a la naturaleza de estos bienes, extraer renta es muy sencillo, pues la población pagará cualquier precio hasta que comprar los energéticos comience a interferir con necesidades más básicas como son alimentarse o tener acceso a agua potable.
Ahora en México se discute sobre la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel Lopez Obrador. Los detractores prometen que en el mercado eléctrico no pasará lo mismo, que lo único que hace falta es tiempo y más apertura para que, ahora sí, bajen los precios. ¿Vale la pena arriesgarse?
